Es oficial: Gobierno autoriza a policías de franco a brindar seguridad en el traslado de dinero y caudales, ¿Quiénes podrán solicitarlo?

Los robos bajo esta modalidad se han disparado, al menos, 18% desde 2022, según el Ministerio del Interior. Sin embargo, ¿Quién será el responsable de acreditar y evaluar a los efectivos PNP asignados?

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El Decreto Supremo N° 019-2025-IN
El Decreto Supremo N° 019-2025-IN habilita a la Policía Nacional del Perú para custodiar el transporte de dinero y valores en servicios extraordinarios.

El Gobierno peruano oficializó la modificación de los lineamientos que regulan los servicios policiales extraordinarios, permitiendo que efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) custodien el transporte de dinero y valores bajo esta modalidad.

El cambio quedó fijado en el Decreto Supremo N° 019-2025-IN, publicado el 2 de diciembre y refrendado por el presidente José Enrique Jerí Oré y el ministro del Interior Vicente Tiburcio Orbezo.

Policía Nacional del Perú podrá custodiar caudales en vacaciones o franco

La norma implica la actualización del artículo 11 de los Lineamientos Rectores para la Ejecución de los Servicios Policiales, ampliando las situaciones extraordinarias que habilitan a la PNP a asignar personal en condición de vacaciones, permiso o franco para la custodia de caudales, siempre a solicitud de empresas públicas y privadas.

El Gobierno peruano atribuye esta reforma a la urgente necesidad de incrementar la capacidad preventiva ante el avance de delitos de alto impacto contra el ciclo del dinero y bienes en tránsito, que no solo alcanza a los conocidos camiones de caudales, sino que daña también el transporte de fondos públicos en provincias.

Tal como adelantó Infobae Perú en octubre pasado, existe un incremento sostenido de asaltos y robos vinculados al transporte de valores. El Observatorio de Criminalidad del Mininter reportó un crecimiento del 18% de estos hechos entre 2022 y 2024, además del alza en victimización por armas de fuego (de 11,3% a 12,7%), robo a negocios (de 0,4% a 0,9%) y robo de vehículos (de 2,8% a 3,2%).

Este contexto llevó al Poder Ejecutivo a priorizar la intervención formal de la policía en un servicio hasta ahora cubierto principalmente por empresas privadas y personal en situación informal o no regulada.

La reforma normativa busca frenar
La reforma normativa busca frenar el aumento de delitos vinculados al transporte de valores, que creció un 18% entre 2022 y 2024.

Ministerio del Interior: aumentan delitos en transporte de valores en Perú

La medida autoriza a la PNP a desplegar oficiales en franco o vacación para prestar servicios extraordinarios de protección de transporte de dinero y caudales, bajo solicitud y financiación exclusiva de las entidades interesadas.

La normativa excluye toda erogación adicional para el Tesoro Público y estipula que la propia PNP será responsable de acreditar y evaluar a los efectivos asignados, reforzando el control institucional.

El Ejecutivo sostiene que formalizar este servicio aportará mayor transparencia, reducirá la informalidad y mejorará las condiciones laborales de los policías. Además, se espera que la presencia policial en puntos críticos del ciclo económico-financiero tenga un efecto disuasivo sobre asaltos e incidentes violentos.

La exposición de motivos estima que la reducción de delitos asociados al transporte de valores podría ubicarse entre un 5% y 10%, dependiendo de la cobertura alcanzada y el despliegue operativo.

Presencia policial en transporte de valores busca reducir delitos hasta en 10%

Los servicios extraordinarios podrán ser solicitados para eventos como custodia en instituciones bancarias y financieras, seguridad en instalaciones estratégicas, patrullaje integrado, protección a fiscales y jueces y, desde ahora, de forma expresa, la seguridad complementaria en el transporte de dinero y valores.

El listado completo de causales y procedimientos fue publicado junto con el decreto y puede consultarse en la web del Ministerio del Interior. De esta manera, las autoridades esperan que el despliegue y control de este nuevo esquema sume a los esfuerzos de respuesta ante la ola de delitos patrimoniales, que representan el 70% de las denuncias interpuestas en las comisarías a nivel nacional en los últimos dos años.