La Mesa Directiva del Congreso de la República resolvió por unanimidad suspender los gastos de viáticos, pasajes y asignaciones a parlamentarios y asesores durante las semanas de representación correspondientes a enero, febrero y marzo de 2026, meses previos a las elecciones generales.
La medida establece que, aunque los legisladores deberán cumplir sus funciones representativas, no recibirán pagos adicionales por concepto de viajes, transporte ni gastos asociados en el periodo indicado. Fernando Rospigliosi detalló que la medida responde a la necesidad de resguardar los recursos públicos en plena campaña electoral.
“Todos estos gastos ya no serán pagados ni a los congresistas ni a los asesores. Los congresistas tienen que seguir cumpliendo con su trabajo, tienen que seguir con su semana de representación, pero sin ninguna de estas asignaciones ni viáticos”, afirmó el titular del Parlamento en un video institucional.
Agregó que la decisión busca prevenir cuestionamientos y eventuales malos usos de fondos estatales en un momento particularmente sensible para el país, por el desarrollo del proceso electoral: “Esto es indispensable para cautelar los recursos públicos durante la campaña electoral. Esta importante decisión que ha tomado la Mesa Directiva, repito, por unanimidad, evitará críticas o mal uso de los recursos públicos en este periodo importante para el país”.
La propuesta para suspender estos pagos surge tras recientes cuestionamientos al desempeño y la transparencia de congresistas y asesores. Rospigliosi había comunicado días antes su intención de presentar la medida con el respaldo explícito de la congresista Norma Yarrow.
Ello, en medio de persistentes controversias sobre la relación entre recursos estatales y proselitismo. En la víspera, una investigación periodística reveló que asesores identificados como Leticia Leyva Baylón, Jorge Llerena Portugal y Geraly Ulloa Depaz participaron en actividades internas de Fuerza Popular durante el horario laboral, cuando deberían cumplir funciones institucionales.
El reportaje de Cuarto Poder evidenció que las oficinas congresales carecían de información sobre el paradero de estos funcionarios, pese a figurar en planilla y percibir sueldos superiores a 3.500 soles mensuales. Sin conocimiento de su existencia, la congresista Auristela Obando declaró no identificar a una asistente oficialmente asignada a su equipo. Un caso similar se presentó en la comisión técnica, donde Ulloa Depaz figuraba en planilla sin que sus colegas reconocieran su nombre. Estos hechos propiciaron debates internos sobre la fiscalización en la administración de recursos humanos del Parlamento.
De manera paralela, Fuerza Popular y el propio Rospigliosi enfrentan cuestionamientos legales. El Jurado Electoral Especial de Pacasmayo (JEE) determinó que el presidente parlamentario incumplió funciones de control, al comprobar el uso de una cámara institucional del Congreso en un evento partidario de Keiko Fujimori en Trujillo, que marcó el inicio de su candidatura. La resolución también involucró a funcionarios del Congreso, señalados por no impedir el uso de equipos públicos en actividades políticas. El caso fue derivado a la Contraloría General y al Ministerio Público para futuras investigaciones.
Rospigliosi presentó un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), argumentando que no existió un acto concreto que favoreciera a una agrupación política, sino solo una presunta omisión. El JNE admitió la apelación, y su fallo podrá conllevar desde sanciones administrativas hasta acciones penales, en función del avance de las investigaciones.
