Durante una sesión extraordinaria del Consejo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, presentó la postura de su país sobre la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático.
De acuerdo con el canciller, se busca proteger la esencia de este derecho y evitar que se utilice para la impunidad. También mencionó que se ha producido en la región una “evolución negativa” al momento de utilizar el asilo, una figura que nació en América Latina. Incluso afirmó que hay una tendencia de tomar decisiones con base en “información distorsionada por sesgos ideológicos”, lo cual resulta incoherente con el espíritu y el propósito de la Convención.
Finalmente, de Zela aseveró que la propuesta refuerza la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y que es coherente con la legislación del Perú, ya que la normativa de su país prohíbe otorgar asilo a personas procesadas o condenadas por delitos comunes, y con criterios vigentes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
Esto propone Perú
Si bien los pedidos de información y consulta nacen a raíz del asilo diplomático otorgado por México a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, el canciller aseguró que Perú no planteó esta posición por un caso específico.
De acuerdo con de Zela, se propone que sea obligatorio fijar alineamientos y transparentar los términos en que se cumple el artículo IX de la Convención de Caracas. En ese sentido, el gobierno asilante debe considerar la información del Estado territorial para el criterio que se forme sobre naturaleza del delito.
Ahora, el Estado consultará al Comité Jurídico Interamericano (CJI), cuerpo consultivo de la OEA, para que este realice un estudio técnico-jurídico sobre la interpretación del Artículo IX. Este paso serviría de base para el procedimiento, permitiendo que las decisiones de asilo no dependan únicamente del criterio subjetivo, sino que también se fundamenten en información oficial del Estado donde se encuentra el beneficiario, como Betssy Chávez que está en Perú, y de otras fuentes confiables.
Reacción de otros países
Luego de la intervención del ministro, representantes de otras naciones intervinieron en la sesión. Ecuador, por ejemplo, indicó que comparte la preocupación de Perú sobre la aplicación del asilo diplomático.
Estados Unidos recomendó que debería haber mecanismos responsables para que las embajadas no se vuelvan en fuertes. Además, rechazaron la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y que se ejerza presión sobre misiones diplomáticas.
Respecto a la figura latinoamericana del asilo diplomático, acotaron que sus principios se asientan en las convenciones sobre refugio.
En el caso de Argentina, recordó que este beneficio no es un recurso abierto, sino que existe, a partir de una situación real de peligro, una circunstancia urgente. Precisaron que el Estado asilante debe tomar la decisión de aceptar el refugio siempre y cuando se verifiquen los requisitos. Finalmente, el representante dijo que el Estado donde se encuentra la embajada puede pedir que el asilado sea retirado del país y para ello se tendría que otorgar un salvoconducto.
