El Poder Judicial dictó sentencia contra dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) y un abogado, luego de que la fiscalía anticorrupción de Huaura demostrara la responsabilidad de los implicados en la detención ilegal, extorsión y falsificación de documentos en agravio de una trabajadora de una óptica en Huacho. El caso reveló un mecanismo de abuso de autoridad y corrupción en el que también se obligó a un familiar de la víctima a firmar un falso contrato de préstamo para lograr la liberación.
Detención arbitraria y montaje tras reclamo laboral
La investigación del fiscal provincial Cristhian Manrique Mendoza acreditó que los suboficiales Andrés Malvaceda y Franko Vásquez actuaron sin respaldo legal al detener a la mujer tras una falsa acusación de robo cursada por su empleador, luego de que ella reclamara el pago de horas extras y trabajo en fines de semana.
Sin que existiera una denuncia formal, la víctima fue forzada a subir a un patrullero y trasladada a la sede de la Sección de Investigación Criminal (Seincri) de Huacho. Allí, fue retenida arbitrariamente y se elaboraron documentos utilizando la supuesta firma falsificada del comisario. Según la acusación fiscal sustentada por la adjunta provincial Karla Paola Falcón García, los policías “elaboraron documentos apócrifos, con la agravante de que carecían de legalidad y autenticidad”.
Un falso préstamo como requisito para la liberación
Durante la retención, y en complicidad con los policías, el abogado Jacob Aguirre redactó un falso contrato de préstamo por S/ 10.000 a nombre de la víctima. El tío de la trabajadora fue obligado a firmar el documento como condición para su liberación, práctica que configuró una clara extorsión. Esta maniobra reveló la colusión entre los agentes y el profesional del derecho, dispuestos a fabricar pruebas y vulnerar derechos fundamentales para beneficiar a un tercero.
La participación del abogado fue determinante en la construcción del expediente falso, al punto de que su sentencia señala su cooperación en el delito de concusión.
Condenas y sanciones ejemplares
El fallo judicial impuso seis años de prisión efectiva para los suboficiales Malvaceda y Vásquez, hallados culpables de concusión, abuso de autoridad, omisión de funciones y falsificación de documentos públicos. Además, ambos recibieron 50 días multa. El abogado Aguirre fue condenado a tres años de pena suspendida y se le asignaron 200 días multa, además de inhabilitación para ejercer la abogacía.
Como parte de la sentencia, los tres responsables deberán pagar S/ 5.000 de reparación civil, en forma solidaria a favor de la agraviada. Esta decisión representa un precedente en la lucha contra la corrupción policial y la complicidad de actores externos en el sistema judicial.
Un caso que expone prácticas extorsivas y corrupción
El proceso evidenció la existencia de un mecanismo donde agentes y colaboradores externos pueden utilizar su posición y facultades para violar derechos, fabricar pruebas y obtener beneficios económicos ilegítimos. La víctima quedó en situación de indefensión por la ausencia de denuncias formales y la complicidad de quienes debían garantizar la legalidad.
La resolución judicial demuestra que los actos de corrupción y abuso de autoridad pueden y deben ser sancionados con firmeza, especialmente cuando afectan a ciudadanos que buscan el reconocimiento de sus derechos laborales.
