La aparición de la denominada Lista negra de las girls —un archivo en línea en el que se publican nombres de hombres acusados de infidelidad en Perú— ha encendido la discusión pública sobre los límites entre la denuncia social y el respeto a la privacidad individual. Viralizada en redes sociales, la lista permite que se agreguen datos personales y supuestas pruebas de infidelidad sin verificación formal, exponiendo a quienes aparecen en ella a juicios paralelos y a posibles sanciones legales y económicas.
Este fenómeno, que ha encontrado eco en países como Chile y México, se caracteriza por la viralización de hojas de cálculo colaborativas con nombres y detalles personales de presuntos infieles. Si bien algunas listas fueron retiradas tras advertencias legales, la facilidad para compartir estos registros en plataformas digitales ha amplificado los riesgos de daños emocionales, reputacionales y patrimoniales para quienes son señalados. Además, la difusión no consentida de datos y la circulación de información no comprobada pueden configurar delitos de difamación y lesiones al honor, según el marco legal peruano.
En términos jurídicos, Milagros García, abogada de familia, explica que la infidelidad en Perú se denomina adulterio y para que exista consecuencia legal debe ser plenamente probada. “El cónyuge afectado puede solicitar una indemnización porque sufrir esto ocasiona una serie de daños, emocionales, psicológicos e incluso económicos”, sostuvo García en diálogo con RPP Noticias. La especialista agrega que el impacto se multiplica en el caso de figuras públicas o funcionarios estatales, quienes enfrentan la rescisión de contratos o la renuncia obligada para proteger la imagen institucional.
El dolor de una traición detrás de la lista negra de infieles
Detrás de la viralización de listados de infieles subyace un profundo malestar emocional vinculado a la traición. La psicóloga Stephanie Carrión sostiene que la creación y difusión de estas listas responde a un deseo de revancha: “Muchas veces hay una especie de venganza, de revancha. Es como: tú me hiciste algo que me lastimó o humilló y ahora busco la exposición pública”, explica Carrión al medio radial.
Este impulso de exhibir al otro surge del dolor no procesado: “Quien fue víctima de la infidelidad atraviesa fases marcadas por enojo y fastidio, pero la exposición rara vez resuelve el conflicto. En realidad, la venganza pública puede resultar en un boomerang emocional y afectar tanto a quien la ejecuta como a su entorno", añade la psicóloga. Carrión señala que al optar por la denuncia social muchas veces se delega en la mirada externa la resolución de un conflicto íntimo.
La exposición del infiel no solo puede afectar su reputación, sino que, a menudo, genera daños colaterales en la familia y sobre todo en el entorno de los hijos. La necesidad de desquitarse aparece, en palabras de Carrión, como un reflejo de la dificultad para cerrar el proceso emocional surgido tras una infidelidad.
“En algún momento debe llegar la aceptación de un evento doloroso. La madurez emocional implica soltar el deseo de venganza y entender que cada quien tiene su propio proceso de aprendizaje y responsabilidad”, concluye la psicóloga. Procesar el dolor en ámbitos privados y acompañarse de redes de apoyo puede ser esencial para superar la frustración que motiva la venganza pública.
Los peligros legales de la lista negra de infieles
La difusión de datos personales sin consentimiento está categóricamente prohibida en la legislación peruana. La Ley N.º 29733 de Protección de Datos Personales prohíbe la recolección, archivo y publicación de información privada sin autorización, con sanciones que pueden superar las 100 UIT en los casos de mayor gravedad.
“Imputar una conducta como la infidelidad sin pruebas puede constituir injuria, delito tipificado en el Código Penal. Atribuir un hecho sin sustento constituye delito y puede dar lugar a sanciones penales o económicas”, advirtió la doctora Milagros García. Anota que quienes difunden estas listas, pese al anonimato, pueden ser identificados por las autoridades y eventualmente procesados: “El anonimato no exime responsabilidad, ya que siempre es posible rastrear el origen de la publicación”.
García precisa que la publicación de información que afecte el honor o la reputación, aún en plataformas colaborativas, puede significar difamación. Las consecuencias legales pueden incluir hasta tres años de prisión o multas considerables. “La facilidad para mellar la imagen de una persona y vulnerar su esfera íntima no debe subestimarse, pues existen delitos graves vinculados a la exposición mediática de hechos no probados”, recalcó.
Asimismo, quienes ostentan cargos visibles, como funcionarios públicos o personajes mediáticos, pueden ver comprometida su carrera laboral por aparecer en estas listas. “A los funcionarios se les exige cuidar su imagen pública. Una denuncia por infidelidad puede bastar para perder la confianza y enfrentar la renuncia o el despido”, puntualizó la especialista.
Riesgos legales y económicos de ser infiel
Además de la sanción moral y social, la infidelidad comprobada conlleva riesgos legales significativos. “Quien incurre en adulterio —y esto puede probarse— puede ser demandado por divorcio y obligado a pagar una indemnización por daños y perjuicios”, detalló García. La ley contempla que el cónyuge afectado reclame daños de índole emocional, psicológica e incluso económica.
En contextos de exposición pública, el perjuicio puede extenderse a la esfera profesional. Una imagen deteriorada puede provocar la ruptura de contratos, pérdida de ingresos y demandas por daños al honor. “El daño generado por la difusión puede impactar incluso la productividad y bienestar económico del involucrado”, recalcó la abogada.
Cuando hay hijos implicados, la difusión de acusaciones no solo perjudica al señalado, sino que puede suponer consecuencias legales adicionales para el entorno familiar. La ley reconoce el derecho a solicitar además de la indemnización, la tenencia de los hijos y un régimen de visitas y alimentos, si el daño se considera demostrado. Estas medidas buscan proteger el bienestar integral de la familia frente a conflictos derivados de la intimidad conyugal.
La lista negra de las ‘girls’
Pese a que la “Lista negra de las girls” fue primero eliminada por sus propias impulsoras tras las advertencias legales, nuevas versiones volvieron a surgir en redes y en círculos universitarios, evidenciando el alcance viral del fenómeno y las dificultades para erradicar la publicación de datos sin respaldo legal.
El resurgimiento de estos listados ha puesto el foco en los peligros de la persecución pública digital: exponer información personal sin respaldo judicial genera riesgos jurídicos y emocionales de gran calado. La búsqueda de justicia sentimental en redes suele agravar los conflictos y aumentar los daños para todos los involucrados.
