Una intervención de gran escala dirigida por el Instituto Nacional Penitenciario resultó en la incautación de electrodomésticos y objetos no autorizados dentro del penal de Cañete. Más de 60 efectivos, incluidas unidades tácticas y personal de seguridad, ejecutaron la operación bajo lineamientos directos de la presidencia del INPE, en el contexto de una estrategia sostenida para reducir delitos articulados desde los centros penitenciarios.
La acción formó parte de la política impulsada por el presidente José Jerí, centrada en reforzar el control dentro de cárceles y restringir canales ilícitos utilizados por internos. Hasta el momento, el INPE suma más de 3.200 requisas desde julio, como parte de un despliegue nacional que responde a la ampliación de la emergencia en Lima Metropolitana y el Callao.
Operativo en pabellón de máxima seguridad
Durante la madrugada, dotaciones del Grupo de Operaciones Especiales del INPE y agentes encargados del resguardo penitenciario ingresaron al pabellón 2 de máxima seguridad del penal. El procedimiento incluyó la revisión exhaustiva de celdas y la verificación personal de los internos, en apego a los protocolos institucionales. La intervención culminó con el decomiso de diez televisores, cincuenta y ocho ventiladores, seis dispositivos USB, ciento veintinueve paquetes de cigarrillos y treinta encendedores, entre otros elementos restringidos.
Además, los agentes realizaron la desinstalación de cableados eléctricos y conexiones irregulares detectadas en los espacios intervenidos. Esta medida apunta a eliminar riesgos asociados a incendios y a impedir el uso de energía eléctrica no controlada.
Participación directa de las autoridades
El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, supervisó personalmente el desarrollo del operativo. Durante su visita, resaltó que la directiva se enmarca en la lucha frontal contra las extorsiones y en la necesidad de fortalecer la disciplina interna, por encargo del presidente José Jerí. Paredes recalcó que las requisas y los cortes de energía se mantendrán de manera continua con el fin de obstaculizar cualquier intento de acción criminal desde el interior de los penales.
El jefe del INPE enfatizó también que “buscamos frustrar toda acción criminal que atente contra la tranquilidad de los ciudadanos,” según declaraciones recogidas durante la intervención. La presencia de altos funcionarios respondió al interés institucional de evidenciar transparencia y rigor en todos los procedimientos.
Resultados acumulados de las requisas
De acuerdo con cifras oficiales, desde el inicio de la actual estrategia penitenciaria en julio se han contabilizado más de 3 mil 200 requisas a distintos establecimientos del país. Los operativos han resultado en la incautación de ochocientos cuarenta y cinco teléfonos móviles, más de mil doscientos accesorios de celulares y tres mil cuatrocientos setenta y seis armas punzocortantes, en distintos reclusorios.
Los informes del INPE subrayan que la continuidad de estos dispositivos es esencial para frenar la estructuración de bandas delictivas dentro de las cárceles. El retiro de objetos prohibidos y la eliminación de instalaciones eléctricas no autorizadas forman parte de una política de tolerancia cero frente a la criminalidad organizada que se origina en estos entornos.
La masiva requisa desplegada en el penal de Cañete se realizó en el marco de la ampliación de la Declaratoria de Estado de Emergencia, vigente actualmente en Lima Metropolitana y el Callao. Este régimen especial respalda las labores de control, inspección y vigilancia dentro de los centros de reclusión, con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana y restablecer la autoridad.
