La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación preliminar para esclarecer el presunto delito de peculado doloso en el que habrían incurrido funcionarios o trabajadores del Congreso al cumplir labores partidarias durante su horario laboral. La pesquisa se inició tras la difusión de un reportaje de Cuarto Poder que reveló que al menos tres empleados parlamentarios asistían regularmente a la sede de Fuerza Popular, pese a figurar en planilla cumpliendo funciones legislativas.
La Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, a cargo de la fiscal provincial Zoila Sueno Chirinos, dispuso la participación de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional para ejecutar diligencias urgentes y recopilación de evidencias en coordinación con el despacho fiscal.
Trabajadores del Congreso en sede partidaria
La investigación periodística difundida por Cuarto Poder detalló que al menos tres trabajadores del Parlamento fueron registrados en el local de Fuerza Popular, en el distrito de Santa Beatriz, mientras se encontraban en horario laboral.
Los identificados —Carmela Paucará, secretaria personal de Keiko Fujimori; Geraly Ulloa, técnica de la Comisión Especial Multisectorial a favor del VRAEM; y Jorge Llerena Portugal, auxiliar del despacho de la congresista Auristela Ovando— aparecían realizando coordinaciones, reuniones y atención a visitantes lejos de sus oficinas del Congreso.
Al ser consultados, algunos de ellos evitaron responder o aseguraron no recordar desde cuándo realizaban labores en dicho local. Incluso, congresistas responsables de sus respectivas oficinas declararon no conocer a los trabajadores que figuran en su propia planilla.
Afectación a la imagen institucional y pedido de investigación en Ética
La congresista Ariana Orué (Podemos Perú) exigió que el caso sea enviado con urgencia a la Comisión de Ética, al considerar que las imágenes difundidas dañan la credibilidad del Parlamento.
“Todo se tiene que investigar y que vaya a la Comisión de Ética”, señaló, exhortando al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, a realizar la derivación inmediata. La legisladora recordó que fue investigada antes por un caso similar y pidió que se actúe “con la misma vara para todos”.
Asimismo, criticó la justificación de Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, quien aseguró que los trabajadores de confianza pueden cumplir tareas políticas sin infracción. Para Orué, esa interpretación contraviene las funciones estatales: “Una cosa es que no cumplan horario, y otra es que realicen funciones fuera del Parlamento que no les corresponden”.
La defensa de Fuerza Popular: ¿trabajo político o uso indebido de recursos públicos?
Luis Galarreta, también candidato a la vicepresidencia en la fórmula de Keiko Fujimori, insistió en que no existe irregularidad alguna. Según señaló, los empleados de confianza “pueden hacer trabajo político si así lo solicita su congresista”.
Sin embargo, el reportaje evidencia que las actividades registradas no se realizaron en sedes del Congreso ni en gestiones parlamentarias, sino en un local partidario, lo que para especialistas podría configurar un uso indebido de recursos estatales y dar lugar a responsabilidades administrativas y penales.
Fiscalía inicia diligencias y busca determinar responsables
Con la apertura de la investigación preliminar, la Fiscalía deberá determinar si existió disposición expresa o tácita para que personal del Legislativo realice tareas partidarias en horario remunerado por el Estado.
La Policía Anticorrupción ya fue autorizada a ejecutar diligencias inmediatas, lo que incluye recabar imágenes, declaraciones, registros laborales y documentación que permita establecer responsabilidades individuales y jerárquicas.
La investigación se encuentra en etapa inicial y podría ampliarse si se identifican más casos o nuevos implicados.
