La Contraloría General de la República (CGR) identificó indicios de irregularidad en la Sunedu durante el proceso de registro de autoridades de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) correspondiente al año 2025. El informe de la Contraloría señala que la entidad realizó inscripciones sin cumplir con la documentación requerida y aplicando criterios distintos para casos similares, lo que generó inconsistencias en su propio procedimiento administrativo.
El examen, elaborado en una Acción de Oficio Posterior entre el 17 de enero y el 1 de octubre de 2025, revisó las solicitudes vinculadas al registro del Dr. Arturo Fernando Talledo Coronado y de la exvicerrectora académica Dra. Shirley Emperatriz Chilet Cama. La Contraloría concluyó que la Sunedu respondió de manera diferente en cuestión de días a solicitudes equivalentes, pese a que ambas involucraban la actualización de datos de las máximas autoridades universitarias.
Contraloría detalla inconsistencias en registros y designaciones
La evaluación inició con el pedido de la Secretaría General de la UNI para registrar al Dr. Arturo Talledo como rector, trámite que fue declarado improcedente por funcionarios de Sunedu debido a una presunta “incongruencia normativa” entre artículos del Estatuto de la universidad y una resolución rectoral emitida ese mismo año. No obstante, la CGR señala que, apenas tres días después, la Unidad de Registro de Grados y Títulos decidió actualizar los datos de la Dra. Shirley Chilet como rectora interina, pese a que la UNI ya había reformado su Estatuto para definir un procedimiento específico de designación en caso de renuncia del titular.
Según el documento, esta actualización tampoco habría cumplido con los requisitos formales contemplados en el Reglamento del Registro de Grados y Títulos, uno de los puntos que sustenta el hallazgo de la Contraloría. La entidad revisora advierte que esta diferencia de criterios evidencia una “aplicación normativa diferenciada” en un mismo proceso.
El segundo caso analizado corresponde a la Secretaría General de la UNI. La Sunedu declaró improcedente la inscripción de Patricia Yda Yataco Chaparro, señalando que su designación fue tramitada “por autoridad no competente”. Sin embargo, terminó registrando a Juan Fernando Pacheco Durand como secretario general, designación realizada por Shirley Chilet. La CGR indica que esta inscripción está en contradicción con la realidad institucional de la universidad, pues el Consejo Universitario había designado formalmente a Yataco Chaparro en sesión extraordinaria del 21 de mayo de 2025, respaldada por su respectiva resolución rectoral.
El informe concluye que la Sunedu realizó registros de autoridades “sin contar con la documentación exigida”, lo que derivó en inscripciones sin el debido sustento. La Subgerencia de Control del Sector Educación recomendó adoptar acciones correctivas y, de ser necesario, determinar responsabilidades dentro del marco de sus competencias.
De acuerdo con el Estatuto de la UNI y la Ley Universitaria 30220, el Dr. Arturo Talledo Coronado asumió oficialmente el rectorado el 7 de mayo de 2025, con mandato vigente hasta el 11 de noviembre de 2026, tras la decisión formalizada por la Asamblea Universitaria mediante la resolución rectoral correspondiente.
Sunedu evalúa salida excepcional por bloqueo administrativo en la UNI
La Sunedu confirmó que llevará a su Consejo Directivo una propuesta extraordinaria para permitir el registro oficial de los grados y títulos de más de 1.200 egresados de la UNI, afectados por la falta de autoridades reconocidas en la institución. El organismo explicó que el trámite regular no puede completarse porque numerosos diplomas fueron emitidos con firmas que no figuran en el Registro Oficial de Autoridades, una condición indispensable para validar documentos académicos en el sistema universitario.
El problema se originó tras la renuncia del exrector Alfonso López Chau, quien dejó el cargo para iniciar una campaña presidencial. La elección posterior de Arturo Talledo como rector interino fue cuestionada por Sunedu, que consideró que el proceso no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Universitaria. A ello se sumó la modificación del Estatuto universitario mediante una comisión ad hoc, situación que profundizó el conflicto y generó un bloqueo en la emisión y registro de grados, dejando a cientos de jóvenes en un limbo administrativo.
