La entidad nacional responsable de supervisar la divulgación de datos institucionales en Perú publicó su más reciente análisis sobre la transparencia digital en organismos públicos. El informe, que abarca los primeros seis meses de 2025, contempló desde ministerios y entidades autónomas hasta gobiernos locales y cortes superiores, con especial atención en el cumplimiento de la normativa que exige difusión proactiva de actividades y decisiones administrativas.
El documento publicado por el portal Lima Times, resalta que el promedio general de cumplimiento subió a 71 por ciento, superando el 53 por ciento del año anterior. No obstante, municipalidades locales y universidades nacionales continúan con retrasos marcados respecto a la obligación de compartir información sobre manejo presupuestario, participación comunitaria y ejecución de proyectos, escenarios que profundizan la brecha de confianza ciudadana.
Bajos índices en involucramiento vecinal
Las alcaldías distritales de Lima obtuvieron una media de 46 por ciento en el apartado dedicado a prácticas de participación ciudadana, una proporción que revela limitaciones en las vías de enlace entre autoridades y residentes. Este indicador considera la publicación de minutas de asambleas, convocatorias abiertas y procedimientos para recibir sugerencias o reclamos de la población.
En Carabayllo, con apenas 39 por ciento de cumplimiento, los monitoreos oficiales identificaron la ausencia de documentos sobre reuniones participativas y escasa evidencia de espacios consultivos formales. El Agustino, que alcanzó 31 por ciento, presentó dificultades similares, pues no actualizó información relativa a consultas con organizaciones vecinales ni mecanismos de respuesta pública a inquietudes ciudadanas.
Deficiencias en anotaciones de encuentros
La revisión de los registros de visitas oficiales mostró un promedio nacional de 55 por ciento, evaluación en la que influyó la calidad y frecuencia de actualización de quienes acceden a los despachos públicos. Este segmento incluye la identificación de visitantes y el cruce de horarios con los calendarios de autoridades, elementos que permiten detectar conflictos de interés o influencias externas.
Solo 88 de las 300 entidades supervisadas lograron coherencia entre agendas y listados de ingresos. En Lima, la transparencia en la publicación de encuentros oficiales tocó el 54 por ciento, con Carabayllo y Santa Rosa empatados en 39 por ciento y sin informes completos sobre los visitantes. El Agustino, en 31 por ciento, y Ancón, con el mínimo nacional de 21 por ciento, tampoco ofrecieron reportes detallados ni comprobantes de reuniones celebradas en sus sedes administrativas.
Lagunas en proyectos de infraestructura
El seguimiento a la exposición de proyectos de inversión pública y reportes de obras reveló otro punto crítico. El promedio global para este rubro llegó a 67 por ciento, mientras que el grupo de municipalidades distritales apenas sumó 51 por ciento. El trabajo analiza la divulgación de avances mensuales, licitaciones y la integración de datos con plataformas de gestión nacional.
Carabayllo repitió el patrón de bajo desempeño y no incluyó información actualizada sobre el progreso físico ni financiero de las obras locales. El Agustino y Santa Rosa, por su parte, omitieron datos sobre adjudicaciones y etapas de los proyectos, mientras Ancón figuró como la alcaldía con menor puntaje nacional por su ausencia total de informes en esta materia. El contraste es notorio frente a la publicación íntegra que exhiben ministerios y el sector judicial, que superaron el 90 por ciento en todos estos parámetros.
Panorama nacional de apertura informativa
La evaluación integral de la ANTAIP cubrió 48 municipalidades de Lima y Callao, donde se alcanzó un promedio de cumplimiento de 68 por ciento. Los ministerios sobresalieron por su desempeño, alcanzando un 96 por ciento, seguidos de cerca por los organismos constitucionales autónomos con 92 por ciento. Este liderazgo contrasta con los resultados de las cortes superiores de justicia, cuyo cumplimiento promedio de 58 por ciento estuvo acompañado de falencias en datos básicos, que registraron 67 por ciento.
A nivel nacional, 14 entidades públicas lograron colmar el 99 por ciento de los indicadores evaluados y solo 10 llegaron a la meta del 100 por ciento. La verificación de enlaces desde los portales principales y la funcionalidad interna de los motores de búsqueda institucionales también fueron analizadas, mostrándose sólidos en la mayoría de los casos. Sin embargo, solo 38 por ciento de los organismos que recibieron notificaciones reportaron irregularidades detectadas a sus instancias internas de control, limitando la efectividad de las medidas correctivas para cerrar brechas informativas.
