El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, implicado en presuntos actos de soborno e incumplimiento de funciones, afirmó este lunes que aceptará someterse a una prueba de polígrafo únicamente si el presidente interino, José Jerí, lo ordena mediante un decreto supremo.
“Estoy sujeto a lo que él ordena y, si lo ordena, lo pasaremos todos los funcionarios públicos, no hay ningún problema”, indicó a RPP después de una requisa en el penal de Cañete.
Paredes remarcó que el requisito debe estar respaldado por una norma oficial. “Si hay un decreto supremo, se pasará, no hay ningún problema. Todo lo pasaremos, inclusive cualquier tipo de funcionario. (...) Yo no he cometido ninguna, no tengo ninguna sentencia condenatoria”, expresó.
Consultado sobre la posibilidad de acceder voluntariamente como muestra de transparencia, reiteró que eso solo es posible por mandato de decreto. “No puedo disponer de eso, porque eso es mediante un decreto”, insistió.
Jerí comunicó hace poco el comienzo de evaluaciones con polígrafo para empleados del INPE, en el marco del estado de emergencia decretado en Lima y Callao. La disposición permite aplicar este mecanismo a fin de comprobar la fiabilidad del personal penitenciario.
El portavoz del Ministerio de Justicia, Alberto Vega, detalló que la primera fase de la iniciativa apunta a colaboradores vinculados al uso de Internet. “No se descarta que esto pueda tomar otro giro, pero esto es lo previsto para esta primera etapa”, manifestó a propósito de si la directiva incluirá a Paredes.
El mandatario ha considerado posibles concesiones en áreas del sistema penitenciario y adelantó que el organismo penitenciario será reemplazado en breve. “En un par de meses ya no hablaremos del INPE, hablaremos de otra institución, pero lo cierto es que tenemos que tomar medidas distintas para resultados distintos”, dijo en Cañete.
Jerí explicó que el Ejecutivo analiza modelos mixtos, como el sistema actual de bloqueo celular concedido a terceros. “Se ha contemplado dentro de las ideas previas de los debates académicos y pragmáticos, justamente, algunos componentes de todo el sistema penitenciario, darlo en concesión”, aclaró, aunque subrayó que no existe una decisión definitiva.
Actualmente, el jefe del INPE afronta procesos disciplinarios, según confirmó el ministro de Justicia, Walter Martínez. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, indicó que la investigación por supuestas coimas “sigue en curso” y próximamente se tomará una decisión sobre su permanencia en el cargo.
Acusación
Paredes es señalado, según Cuarto Poder, por presuntamente coordinar la devolución de un cobro de S/80.000 solicitado para facilitar la excarcelación de un exagente policial condenado; sin embargo, él ha negado la autenticidad de los audios difundidos por el programa.
El dominical reveló que el funcionario fue objeto de una multa de más de 16,000 soles por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) debido a incumplimientos en su ejercicio profesional como abogado, incluidos la omisión de entrega de recibos, ausencia de una denuncia penal ya pactada y falta de restitución de 3,500 dólares entregados por un cliente en 2021.
La sanción, avalada en agosto de 2024 y cancelada tras su designación al cargo, tuvo como fundamento pruebas documentales, incluidas transferencias bancarias y registros de conversaciones acerca de servicios legales no prestados. Paredes reconoció haber recibido los fondos y no entregó comprobante alguno.
Sergio Castro, autor de la denuncia, expresó temor a posibles represalias vinculadas al puesto de Paredes, eligió no ampliar su testimonio en público y reafirmó su acusación mediante una llamada. Presentó además mensajes en los que reclamó el reembolso del dinero y donde constan respuestas evasivas y eventuales intimidaciones.
