El Gobierno de Perú ejecutó el pase al retiro de 1.456 integrantes de la Policía Nacional, de los cuales 570 enfrentan acusaciones ligadas a corrupción. La decisión fue presentada públicamente por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, en coordinación con el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, durante una rueda de prensa hoy lunes en San Isidro.
El impacto inmediato alcanza a todos los rangos, desde oficiales hasta subalternos, y se enmarca en la estrategia nacional para enfrentar la delincuencia y restaurar la confianza social en las fuerzas de seguridad, según detalló el funcionario.
Durante su presentación, Tiburcio explicó que la Inspectoría General de la Policía Nacional ha impuesto 4.188 sanciones en lo que va del año contra efectivos de todos los niveles jerárquicos.
Estas medidas, atribuidas en parte a la crisis que atraviesa la institución, abarcan desde faltas disciplinarias hasta delitos por corrupción. De acuerdo con cifras oficiales difundidas, 1.456 sanciones han derivado directamente en pases al retiro, mientras que casi 600 corresponden a infracciones vinculadas a actos de corrupción.
La gravedad del fenómeno, según los reportes oficiales citados, radica en la presencia de prácticas ilegales recurrentes, muchas veces de carácter sistémico, que incluyen a miembros de diversas unidades policiales. En estos esquemas delictivos se han identificado tanto a subalternos como a oficiales de alta graduación, lo que evidencia un problema arraigado en la estructura policial.
Nueva regulación
El ministro Tiburcio remarcó el lanzamiento de una reforma integral, sellada con la aprobación del nuevo Reglamento del Régimen Disciplinario en noviembre. Este reglamento endurece las sanciones para faltas muy graves como corrupción, favorecimiento indebido, filtración de información o aprovechamiento del cargo, clasificando estos comportamientos como motivos para el retiro forzoso.
“Esta reforma agiliza procedimientos, establece criterios más claros para faltas leves y endurece las sanciones para actos como corrupción”, explicó el ministro.
La reforma también contempla una evaluación anual por insuficiencia disciplinaria: cualquier efectivo que obtenga una calificación menor a 52 pasa inicialmente a la situación de disponibilidad y podría retirarse si no mejora su desempeño.
Al frente de la ejecución de estas reformas se encuentra la recién creada Oficina de Integridad Institucional, entidad especializada orientada a “la prevención de la corrupción, la promoción de la transparencia y la protección a los denunciantes”.
El propio Tiburcio definió como obligación del Estado “construir una Policía más profesional y confiable”, y enfatizó que “no se protege a nadie, ni se retrocede en las sanciones”.
El comandante general Óscar Arriola respaldó públicamente estas medidas, subrayando que la institución “no tolerará actos de indisciplina” y protegerá la labor de quienes mantienen la integridad del uniforme. Desde su perspectiva, la Inspectoría ha implementado mecanismos para recobrar la confianza perdida entre la ciudadanía.
El polígrafo
Entre los elementos innovadores de la estrategia de saneamiento figura la instauración de pruebas de control y confiabilidad, incluyendo el uso del polígrafo para agentes en servicio y postulantes a la Policía Nacional, de acuerdo con declaraciones de Tiburcio recogidas por RPP Noticias.
Estas pruebas permiten anticipar riesgos y evitan que la corrupción se arraigue desde los primeros escalones de formación.
El enfoque se extiende a la reorganización nacional de oficinas de disciplina y la creación de una Oficina Especial de Procedimiento Sumarísimo en Lima. Allí se atenderán con mayor celeridad las faltas calificadas como graves, incrementando la eficacia en la depuración de cuadros y en la investigación de conductas ilícitas.
El reforzamiento del control interno incluye también la realización de operativos inopinados, monitoreo encubierto y la coordinación con unidades especializadas. Estos instrumentos, junto con la aplicación del polígrafo, configuran un nuevo modelo de respuesta preventiva dentro del cuerpo policial.
Crisis de confianza
La situación refleja el estado de crisis que enfrenta la Policía Nacional del Perú (PNP) en materia de integridad y confianza pública. La presencia recurrente de delitos y la violencia vinculada a personal policial incrementaron la sensación de inseguridad entre la población, ampliando el desafío para recuperar la legitimidad institucional.
En ese contexto, el propio ministro del Interior destacó la importancia de “combatir la corrupción como base para garantizar la seguridad, la autoridad y la gobernabilidad”.
El ministro Tiburcio anunció además que continúa la evaluación del estado de emergencia en la frontera con Chile, medida que busca atender la situación migratoria y de seguridad en la zona sur. Este despliegue involucra la suma de efectivos policiales, Fuerzas Armadas, servicios de migración, SUNAT y organismos regionales y municipales, en un operativo conjunto para garantizar el orden y la cobertura adecuada en la franja fronteriza.
