El proceso de extradición contra Erick Luis Moreno Hernández, conocido como “El Monstruo” y sindicado como jefe de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, centra la atención de autoridades y opinión pública en dos países. A pesar de que la justicia paraguaya validó las tres solicitudes formales remitidas por Perú, la llegada del sospechoso a Lima se dilata por factores jurídicos y recursos de último momento.
El caso comenzó el 24 de septiembre, cuando agentes ubicaron y capturaron a Moreno Hernández en una vivienda de San Lorenzo, cercana a Asunción, tras una extensa investigación policial en la que incluso se ofreció una recompensa de 1.000.000 de soles peruanos (aproximadamente USD 288.000). Desde entonces, permanece bajo estrictas medidas en la penitenciaría de Martín Mendoza. Aunque el aval judicial parecía allanar el camino para su traslado, nuevas trabas han surgido y ponen el expediente en punto muerto.
Paraguay autorizó todas las solicitudes de extradición
La ofensiva legal para llevar a ‘El Monstruo’ a territorio peruano consta de tres pedidos oficiales distintos, ligados a investigación por secuestro, extorsión y robo agravado. Cada solicitud fue evaluada por diferentes jueces en Paraguay, quienes finalmente decidieron consentir la entrega ante los elementos de prueba presentados por las autoridades peruanas. La magistrada Clara Ruiz Díaz dio luz verde al exhorto vinculado a secuestro y organización delictiva, mientras los jueces Raúl Florentín y Francisco Acevedo hicieron lo propio frente a los expedientes de extorsión y robo, respectivamente.
Tras las resoluciones favorables, Perú contaba formalmente con el visto bueno de la justicia paraguaya para proceder al traslado. No obstante, el proceso de extradición en ese país está condicionado a que los tres procesos queden firmes y sin recursos pendientes.
¿Qué está frenando el traslado a Perú?
La defensa de Erick Luis Moreno Hernández interpuso apelaciones contra al menos uno de los fallos, resguardando así la permanencia del detenido en suelo paraguayo. De acuerdo con la normativa legal vigente en ese país, cualquier recurso de apelación paraliza la entrega hasta que sea evaluado y resuelto por un tribunal superior. Esa estrategia dilata los tiempos procesales, ya que cada expediente debe completar el circuito legal antes de autorizar el movimiento internacional del acusado.
Además, la legislación local establece que ningún requerido puede salir del país mientras existan causas abiertas o en trámite, incluso si responden solo a solicitudes extranjeras. De este modo, todos los pedidos deben alcanzar firmeza total para destrabar el traslado. El trato se realiza bajo la figura del principio de especialidad, que impide juzgar al extraditado por delitos distintos a los incluidos en la solicitud.
¿Por qué el principio de especialidad es clave en este caso?
El principio de especialidad, contemplado en tratados y normas internacionales, obliga a que la persona extraditada solo sea juzgada por los hechos consignados en los exhortos aprobados. Si solo uno de los pedidos recibe sentencia firme, la entrega parcial está descartada y contradice el acuerdo bilateral. Por esa razón, Paraguay no puede proceder con la entrega hasta que los tres expedientes terminen el recorrido judicial, evitando así vacíos legales que comprometan el cumplimiento del tratado y la defensa del acusado.
El abogado penalista Teddy Andre Romero Gonzales explicó a Infobae Perú que tampoco puede darse una entrega escalonada, ya que el marco normativo paraguayo y el tratado suscrito con Perú lo impiden. Esto asegura que se respete la garantía internacional y minimiza riesgos de anulación o conflictos interestatales posteriores.
¿Qué falta para que Perú reciba a “El Monstruo”?
Superado el ciclo de apelaciones y con los tres pedidos ratificados, el escenario cambia. El Estado peruano debe presentar formalmente garantías que aseguren el respeto a los derechos fundamentales del extraditado y el reconocimiento de cualquier posible sanción impuesta en Paraguay antes de su traslado. Una vez recibidos estos documentos, el Estado receptor puede fijar un plazo para concretar el traslado, que oscila entre treinta y sesenta días.
Mientras tanto, Moreno Hernández continúa en una celda de máxima seguridad, custodiado por personal especializado. Según reportes policiales, fue uno de los fugitivos más buscados de Sudamérica y estaría detrás de innumerables actos de secuestro y extorsión en el norte de Lima, además de movimientos previos en Bolivia y Brasil. Pese al avance judicial, el proceso mantiene en vilo a autoridades, ya que los obstáculos legales y los asuntos pendientes en Paraguay siguen retrasando la llegada del acusado al sistema de justicia peruano.
