Percy Ipanaqué Navarro, reconocido por su trayectoria como abogado penalista en Piura y candidato al Congreso por Juntos por el Perú, fue asesinado a balazos el viernes pasado en el distrito de Castilla. El hecho impactó profundamente en el ámbito legal y avivó las preocupaciones sobre la creciente inseguridad en el norte del país. El atentado tuvo lugar en una zona concurrida y durante el día, en medio de una ola de homicidios que incrementa la sensación de vulnerabilidad y peligro en la región.
La muerte de Ipanaqué, cubierta por el velo de la violencia y la sospecha, se suma a una escalada de delitos que golpea la zona. La noticia, que circuló rápidamente y fue difundida en redes sociales, expuso no solo la vulnerabilidad de los actores judiciales en Piura, sino también la presión de las organizaciones criminales y las fisuras en los mecanismos de protección estatal. Las primeras líneas de investigación apuntan a móviles vinculados tanto al ejercicio profesional del abogado como a posibles acciones de represalia o advertencia.
El crimen en Castilla
La tarde del 28 de noviembre, Percy Ipanaqué circulaba rumbo al cementerio Mapfre, en las afueras de la ciudad, cuando dos motocicletas lo interceptaron en plena carretera hacia Miraflores. Testigos relataron que los tripulantes, con los rostros cubiertos, persiguieron el vehículo del abogado varias cuadras y abrieron fuego cuando el coche se detuvo tras sonar su teléfono. Siete impactos de bala acabaron con la vida de Ipanaqué en el acto. La policía acordonó la escena y recogió los casquillos, mientras equipos de criminalística iniciaban el levantamiento de indicios.
La presencia policial en el lugar fue inmediata y, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público, se desplegó un operativo para asegurar la conservación de pruebas. El fiscal provincial Carlos Elías Barboza Campos, junto a su adjunto Javier Ocampo García, realizó las diligencias y autorizó el traslado del cuerpo a la morgue para la autopsia legal.
Líneas de investigación y polémica de fondo
La hipótesis inicial de los agentes apunta a un posible ajuste de cuentas, dado el perfil de los procesos que tenía a su cargo Percy Ipanaqué. El abogado había participado en la defensa de figuras vinculadas a casos de crimen organizado, incluidas personas consideradas de alta peligrosidad según la Policía Nacional. Una de las últimas intervenciones públicas de la víctima había sido una denuncia sobre presuntas irregularidades cometidas por agentes de la institución policial, lo que aumentó las suspicacias en torno a un trasfondo de represalia.
Los familiares del jurista rechazaron tajantemente la versión de venganza criminal y reclamaron una investigación exhaustiva. César Quevedo, tío político de Ipanaqué, declaró que no existían amenazas ni motivos personales previos. Sectores del gremio de abogados demandaron que no se descarte ninguna posibilidad y exigieron que se analice el contenido del teléfono de la víctima para esclarecer si la llamada recibida antes del ataque puede brindar pistas relevantes.
Percy Ipanaqué y denuncias contra altos mandos policiales
Meses antes de su muerte, Ipanaqué Navarro manifestó ante diferentes medios locales su temor por eventuales represalias y responsabilizó públicamente al general Farías por cualquier atentado dirigido a su persona. El abogado había asumido la defensa de alias “Tata” y otros dos procesados, señalados por la policía como integrantes de redes criminales. Según la versión de Ipanaqué, estos clientes habrían sido víctimas de manipulaciones y pruebas sembradas, razón por la cual interpuso denuncias formales contra agentes policiales.
Tras dar a conocer estos presuntos actos irregulares, el abogado expresó que su integridad estaba comprometida y aseguró que cualquier ataque debería relacionarse directamente con sus declaraciones y denuncias. Ninguna autoridad se pronunció de manera oficial sobre lo señalado por Ipanaqué.
Aumento de crímenes y clima de temor
El crimen de Percy Ipanaqué coincidió con otros dos asesinatos en menos de veinticuatro horas en Piura. Un ex policía, identificado como Luis Roberto Roque Zapata, fue baleado mientras trabajaba como taxista en el asentamiento Cossío del Pomar. Otro hecho violento costó la vida al universitario Habner Joel Silva Jaramillo en el sector Ciudad del Niño, víctima de disparos en la vía pública. Estas muertes elevaron a ciento treinta y cinco los homicidios relacionados con el crimen en lo que va del año en la región, cifra que marca un récord y provoca tensión en la ciudadanía.
La reciente sucesión de ataques movilizó a gremios, colectivos y autoridades locales para exigir mayor presencia policial y acciones concretas contra el sicariato. Instituciones como el Colegio de Abogados reclamaron estrategias de protección específicas para sus miembros. La Fiscalía y la Policía Nacional analizan si existe un patrón común en los homicidios y si responden a una estructura criminal activa en la zona.
