La frontera sur de Perú vive días de tensión. Una ola de migrantes indocumentados en la zona limítrofe con Chile llevó al Ejecutivo a declarar el estado de emergencia por 60 días en los distritos fronterizos de Tacna.
La decisión busca detener delitos como el tráfico ilícito de migrantes, drogas y contrabando, fenómeno que afecta la seguridad y desafía los protocolos tradicionales de control.
El reciente arribo de cerca de cincuenta miembros de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) al complejo Santa Rosa marcó el inicio de una nueva etapa de resguardo.
Las fuerzas militares, apoyando a la Policía Nacional del Perú (PNP), vigilan la franja fronteriza para disminuir los cruces no autorizados. Las autoridades, encabezadas por el titular del Minsterio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio, y el gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, continúan coordinando la vigilancia y el despliegue táctico tras la declaratoria.
El Decreto Supremo Nº 135-2025-PCM restringe derechos como la libertad de tránsito y reunión para garantizar el control. En el plan operativo se incluyen patrullajes motorizados y a pie, uso de drones, cámaras de videovigilancia y operativos de identidad.
Se establecen comités multidisciplinarios de inteligencia y fiscalización para centralizar información, detectar delitos y supervisar actividades ilegales.
La presencia conjunta de las fuerzas armadas y policiales busca frenar el auge de desplazamientos informales, mientras pequeños grupos de migrantes, en condiciones de vulnerabilidad, aguardan soluciones humanitarias entre Chile y Perú.
Refuerzo fronterizo en Tumbes
Mientras la crisis en el sur capta la atención internacional, Tumbes se convierte en el nuevo foco de seguridad fronteriza.
El presidente José Jerí Oré encabezó una visita en el distrito de Aguas Verdes, supervisando el despliegue policial coordinado con la Superintendencia Nacional de Migraciones y las Fuerzas Armadas.
El objetivo: fortalecer la vigilancia en la frontera con Ecuador, prevenir el ingreso de extranjeros irregulares y mejorar la respuesta estatal ante posibles actividades ilícitas.
Las acciones incluyen recorridos por el Puesto de Vigilancia de Fronteras y la comisaría de Aguas Verdes, evaluando los protocolos de seguridad, la integración tecnológica y la capacitación del personal.
El gobierno busca potenciar la presencia policial y el uso de recursos tecnológicos, como drones y sistemas de monitoreo inteligente, para vigilar el tránsito en los accesos formales e informales entre ambos países.
El Ejecutivo informó que continuará reforzando la cooperación bilateral con las autoridades ecuatorianas, apostando por estrategias coordinadas que combinen información y recursos para afrontar los desafíos de la migración irregular.
El modelo implementado en Tumbes integra operativos de control migratorio, patrullajes mixtos y acciones preventivas, mientras se priorizan filtros de identidad, decomiso de elementos ilegales y expulsión de personas que no cumplen los requisitos legales para permanecer en el país.
El repunte migratorio y el riesgo de delitos trasnacionales han convertido a la frontera norte en un punto estratégico. La administración de José Jerí sostiene que el fortalecimiento de la seguridad y la coordinación regional se mantendrán como prioridades, buscando proteger a la población y asegurar un flujo migratorio ordenado en toda la franja fronteriza peruana.
