El congresista Wilson Soto, integrante de la bancada de Acción Popular, anunció el retiro de su proyecto de ley que buscaba título profesional a influencers, streamers y líderes de opinión para difundir información especializada en redes sociales. El texto generó rechazo entre usuarios y expertos en comunicación digital, quienes consideraron la medida excesiva para la libertad de expresión en el entorno digital.
Soto hizo público su anuncio a través de un comunicado difundido en sus propias redes sociales. En el mensaje oficial, el legislador aseguró que la decisión responde a una actitud de escucha hacia la ciudadanía, vigente tras la polémica que desató la iniciativa desde que fue registrada semanas atrás en el Congreso de la República.
El proyecto pretendía que quienes generaran contenido digital sobre temas de salud, educación, seguridad y patrimonio acreditaran conocimientos especializados y fueran fiscalizados por las autoridades. Contemplaba un registro especial para plataformas de contenido y multas de hasta USD 7.000 para quienes difundieran información falsa considerada perjudicial para la población.
“No es el momento” para propuesta de exigir título profesional a influencers
En su comunicación oficial, Wilson Soto sostuvo que el motivo principal para retirar la iniciativa es la necesidad de atender las preocupaciones ciudadanas y posponer el debate legislativo.
“Con la responsabilidad y humildad que priman siempre mi trabajo, informo a la ciudadanía que he tomado la decisión de retirar el proyecto de ley que regula la actividad de los creadores de contenido digital. Esta decisión no responde a presiones, sino a un acto de escucha, responsabilidad y comprensión de que este no es el momento adecuado para impulsar esta propuesta”, aseguró el legislador.
El parlamentario enfatizó que la problemática original sigue vigente, pero reconoció que la coyuntura nacional requiere cautela en la discusión. Sostuvo que la intención del proyecto era proteger el derecho de la ciudadanía a recibir información confiable, sin restringir el acceso a la opinión y la creación de contenido digital.
Soto manifestó que su decisión busca dar espacio a un debate más amplio sobre la regulación de la información en redes sociales, en un contexto de profundas transformaciones del consumo mediático. “Espero que este momento sirva para iniciar en el país un debate serio y necesario sobre la responsabilidad que implica influir en grandes audiencias”, explicó.
La iniciativa había despertado la preocupación de colectivos de prensa y libertad de expresión, quienes señalaron posibles riesgos para el acceso abierto a la comunicación digital.
Soto crítica por la desinformación
En su comunicado, Wilson Soto insistió en la gravedad de los riesgos que enfrentan los usuarios frente a la desinformación. Advirtió que en los últimos años miles de peruanos se han visto expuestos a información equivocada y consejos irresponsables sobre salud, educación y finanzas, generados por figuras con amplia presencia digital.
“No podemos ignorar que una persona con miles o millones de seguidores posee una enorme capacidad de influir en decisiones sensibles de las familias peruanas. Hemos visto casos de tratamientos no comprobados, consejos médicos sin sustento, asesorías financieras riesgosas o contenidos que incluso ponen en riesgo la integridad física de las personas”, afirmó.
El legislador criticó la falta de estándares que protejan a la ciudadanía frente a asesorías o recomendaciones sin sustento profesional. Sostuvo que muchas de estas acciones podrían tener consecuencias irreversibles, especialmente en temas vinculados a la salud pública o el patrimonio personal.
Soto subrayó la necesidad de buscar consensos futuros para enfrentar la desinformación, pero reiteró que su propuesta quedará de momento archivada. Reafirmó su compromiso de impulsar alternativas legales en beneficio de la población, mientras se preserva el derecho a informar y opinar en entornos digitales.
Proyecto buscaba que influencers tengan título para difundir información
El proyecto de ley planteaba requisititos como la acreditación de título profesional o certificado para que los creadores digitales pudieran emitir información especializada sobre salud, educación o seguridad. La iniciativa preveía un registro obligatorio ante la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros e incluía la potestad de fiscalización y sanción para Indecopi.
Las multas podían alcanzar hasta 5 UIT, equivalentes a USD 7.000, para aquellos que difundieran información falsa sobre tratamientos médicos o curas de enfermedades. Además, el texto contemplaba la posibilidad de retirar el contenido publicado, así como sanciones administrativas adicionales.
La propuesta de Soto generó críticas inmediatas de colectivos de comunicadores digitales, expertos en derechos digitales y organizaciones de la sociedad civil. Defendieron que establecer títulos profesionales como requisito para la libre información en redes restringía el acceso democrático a la opinión e imponía barreras injustificadas en el ecosistema digital.
A pesar del retiro, el debate queda abierto sobre los desafíos de regular la información en plataformas digitales y la búsqueda de mecanismos que permitan proteger a la ciudadanía sin afectar la libertad de expresión.
