El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, solicitó al Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria levantar el secreto de las comunicaciones del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, en la investigación en su contra por presunta negociación incompatible.
El requerimiento también alcanza Ricardo Kanashiro Romero; exdirector general de Administración y Finanzas del Mininter; Carlos Alvizuri Marín, abogado que trabajó en el estudio de Santiváñez; y Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector general de Administración y Finanzas del Mininter e investigado en el caso “Los Waykis en la sombra”.
Según el requerimiento al que accedió Infobae, el caso gira en torno a la contratación directa del abogado Carlos Nicolás Alvizuri Marín por S/ 150 mil para defender a Jorge Luis Ortiz Marreros.
De acuerdo con un testigo protegido, Santiváñez fue quien le solicitó a Carlos Alvizuri Marín que asuma la defensa legal de Jorge Ortíz Marreros para evitar que este último se convierta en colaborador eficaz y declare en contra de Nicanor Boluarte.
Los términos de referencia para que el Ministerio del Interior contrate de manera directa a un abogado defensor exigían inicialmente experiencia de 3 años, requisito que no cumplía Alvizuri Marín. Sin embargo, al tomar conocimiento de esta situación, el entonces el director general de Administración y Finanzas, Ricardo Kanashiro Romero, ordenó a un subordinado que "en lo sucesivo no se aplicaría el requisito de experiencia profesional para pedidos de defensa legal".
Para la Fiscalía, esta modificación irregular permitió beneficiar al abogado cercano a Santiváñez, a pesar de que no contaba con la experiencia inicialmente requerida y que el monto superaba de lejos el límite de 8 UIT para contrataciones directas.
El juez supremo de la investigación Juan Carlos Checkley programó la audiencia del levantamiento del secreto de las comunicaciones para este lunes 1 de diciembre a las 9:00 de la mañana. Será una audiencia reservada.
Juan José Santiváñez se va del país
El Poder Judicial autorizó el viaje de Juan José Santiváñez a Colombia entre el 1 y el 6 de diciembre, pese a que mantiene un impedimento de salida del país por una investigación sobre presunta interferencia ante el Tribunal Constitucional, el INPE y el Ministerio de Justicia para favorecer a un excliente condenado por organización criminal.
La decisión del juez Juan Carlos Checkley se fundamentó en que la actividad a realizar, una exposición en el “III Congreso Internacional Disciplinario 2025 - Homenaje a Carlos Arturo Gómez Pavajeau” en la Universitaria San Martin de Bogotá, constituye el medio de sustento actual de Santiváñez.
El magistrado consideró que, aunque la participación está programada para el 3 de diciembre, es “razonable” permitir la salida desde el 1 para que el exministro disponga de tiempo para preparativos y coordinación.
La Fiscalía de la Nación se opuso a la autorización, alegando falta de documentación de respaldo, inconsistencias en las fechas y ausencia de justificación sobre la necesidad de la presencia de Santiváñez en el evento. A pesar de ello, el juez ordenó notificar a Migraciones para levantar el impedimento de salida entre el 1 y el 6 de diciembre, con la condición de que la restricción se reactive el 7 de ese mes.
El impedimento de salida vigente fue dictado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que consideró la posibilidad de fuga de Santiváñez. En septiembre, cuando era ministro de Justicia, el juez Edhin Campos ya había autorizado un viaje temporal a Suiza bajo circunstancias similares.
