El expresidente del Perú, Pedro Castillo, fue condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel, junto con su expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y su exministro del Interior, Willy Huerta. La sentencia fue por el delito de conspiración para la rebelión.
Las exautoridades tomaron acciones para intentar dar un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022. Como se recuerda, el exmandatario leyó un mensaje a la Nación donde anunciaba la disolución del Congreso de la República, la intervención de instituciones públicas y la declaración del gobierno de excepción.
La participación de los involucrados se comprobó con testimonios, actas y resoluciones judiciales, que describe con precisión las acciones adoptadas por Castillo y sus colaboradores.
Ttambién se impuso una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 2 años y el pago de S/12 millones (más de 3.5 millones de dólares). De acuerdo con el Poder Judicial, los tres involucrados terminarán sus condenas el 21 de mayo de 2034.
Así se gestó el intento de golpe
El Poder Judicial remarcó que horas antes de que el exjefe de Estado brindara su mensaje a la Nació, pidió al ministro de Defensa que el comandante general del Ejército presente su renuncia. La negativa inicial del militar y la solicitud de una reunión directa con el presidente señala que detrás de esa decisión existía una instrucción presidencial y no una voluntad propia del comandante.
La noche anterior a ello, Castillo se reunió en Palacio de Gobierno con sus principales colaboradores, Aníbal Torres y Betssy Chávez, para redactar el mensaje a la Nación en el que disolvería el Congreso. Un análisis pericial permitió identificar el momento exacto en el que elaboraron el documento, asociando el archivo digital a los tres funcionarios presentes en la reunión.
Durante la mañana del 7 de diciembre, se desarrollaron coordinaciones reservadas para transmitir el mensaje presidencial por TV Perú, canal estatal, excluyendo al equipo de comunicaciones habitual. Betssy Chávez solicitó la presencia de periodistas del canal estatal en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, demostrando un manejo inusual de la información y manteniendo al margen a los canales y periodistas oficiales del Ejecutivo.
Finalizado el mensaje en el que Castillo anunció la disolución del Congreso y el establecimiento de un gobierno de emergencia, recibió el respaldo inmediato de sus colaboradores cercanos. Testigos afirmaron que el expresidente y Chávez se abrazaron de manera efusiva, gesto que fue interpretado por la justicia como una muestra de acuerdo pleno sobre la decisión tomada. Seguidamente, Castillo buscó formalizar el relevo en la comandancia del Ejército para asegurar respaldo institucional.
A través del entonces ministro del Interior, el exmandatario ordenó al comandante general de la Policía cerrar el Poder Legislativo, desalojar a sus ocupantes y detener a la fiscal de la Nación, instrucciones cuya legalidad fue cuestionada de inmediato. Esto provocó que legisladores y altos funcionarios se movilicen para resguardar el recinto. El intento por controlar los órganos de seguridad y los medios de comunicación resultó fallido, acelerando su destitución y posterior proceso judicial.
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