El canciller peruano Hugo de Zela transmitió desde Palacio de Gobierno el mensaje central de la política de fronteras: “no tenemos capacidad para recibir a más migrantes”.
Este pronunciamiento llega justo cuando la frontera entre Perú y Chile afronta una presión inusitada, con decenas de migrantes, en su mayoría venezolanos, intentando cruzar hacia el territorio peruano en busca de seguridad o mejores condiciones.
La situación se agudizó en las provincias de Tacna y Tarata, donde, de acuerdo con el gobernador regional, Luis Torres, entre setenta y ochenta personas —incluyendo menores de edad— permanecen varadas en el lado chileno.
“Han bloqueado la vía y no pasan ni los tráilers ni los autos, hay columnas de vehículos en ambos lados”, informó Torres. El impacto logístico se replica en ambas direcciones de la frontera, con el tránsito de personas y mercancías completamente interrumpido.
El gobierno peruano identificó, como pieza principal de su estrategia de contención, la aplicación estricta de las normas migratorias. Según explicó de Zela, no se permitirá la migración irregular, pues “las capacidades están ya colmadas” por la presencia de cientos de miles de migrantes en el país.
Estado de emergencia y refuerzo de controles
Las autoridades han reaccionado con la declaración de un estado de emergencia en las fronteras de Perú. El presidente José Jerí formalizó la medida con un mensaje difundido en redes sociales, en el que cifra el objetivo oficial en “redoblar esfuerzos con las Fuerzas Armadas en su vigilancia” y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos peruanos.
La coordinación interinstitucional se despliega directamente en la frontera. El ministro del Interior viaja a Tacna para supervisar las operaciones y mantener contacto con organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
La intención, expuesta por el canciller, apunta tanto a gestionar la crisis humanitaria como a asegurar la cooperación bilateral, para lo cual se conformará un comité binacional de cooperación migratoria, que comenzará a operar próximamente entre Perú y Chile.
El gobernador Torres subrayó la extensión y complejidad del tramo fronterizo afectado, de más de ciento cincuenta kilómetros.
En la actualidad, apenas unos cincuenta agentes policiales patrullan la zona, cifra que con la declaratoria de emergencia se incrementará. El gobierno regional y la Aduana facilitarán más vehículos y tecnología de comunicación satelital destinados al patrullaje y control.
Impacto en la región y vigilancia reforzada
La crisis migratoria se desarrolla, además, en un contexto de tensión política en Chile, donde algunos discursos electorales impulsan medidas estrictas contra personas en condición irregular.
Ante esa presión, grupos de migrantes buscan alternativas al cierre chileno: permanecen varados en la frontera, expuestos a riesgos y limitados accesos a servicios de salud y protección.
La respuesta en el terreno incluye refuerzos médicos en el Complejo Santa Rosa, con más personal y ambulancias, dada la presencia de menores. “Ya pasamos esto hace unos años atrás, así que la mayoría de aquí presentes ya tienen experiencia”, declaró Torres.
