Guido Bellido anunció que impulsará un debate en el Congreso de la República para considerar el proyecto de ley que presentó a fin de otorgar amnistía al expresidente Pedro Castillo Terrones, la ex primera ministra Betssy Chávez, y otros involucrados en el fallido golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022. El expremier de Castillo sostiene que la sentencia impuesta al exmandatario es “injusta, desproporcionada y cargada de odio de clase”.
A través de un largo mensaje en X, el expremier aseguró que “no existe delito alguno en una proclama política, ni hubo rebelión ni conspiración. Lo que hubo fue un acto político ya sancionado con su vacancia irregular, su encarcelamiento y el destierro de su familia”.
Además, denunció la existencia de un “doble rasero de la justicia peruana”, señalando que “a los poderosos se les protege, a los pobres se les encarcela”, y sostuvo que lo que se está castigando es la disidencia política y no la comisión de delitos.
Insistió en que la crisis social generada por la detención de Castillo y las denuncias por represión estatal durante las protestas agravan la fragmentación del país. “El Perú profundo no se arrodilla ni se rinde”, expresó y anunció que propondrá el debate de la iniciativa.
El proyecto de ley 5468/2022-CR, que busca conceder amnistía a todas las personas “denunciadas, investigadas, procesadas o condenadas” que participaron de la redacción y lectura del mensaje presidencial del 7 de diciembre, plantea la liberación inmediata de quienes estén privados de libertad por estos hechos, la anulación de antecedentes judiciales y policiales, y dejar sin efecto cualquier tipo de medida cautelar o monto pendiente por reparación civil.
El documento reconoce que el mensaje presidencial buscaba el cierre del Congreso. Sin embargo, argumenta que este acto recogía demandas respaldadas por un porcentaje significativo de la ciudadanía, como lo muestran encuestas de opinión pública sobre la desaprobación del Parlamento y el pedido de cambios estructurales.
Asimismo, plantea que el mensaje leído por Castillo no produjo un efecto consumado sobre derechos fundamentales, ya que las disposiciones anunciadas —disolución temporal del Congreso, instauración de un gobierno de emergencia y reorganización del sistema de justicia— no se concretaron, pues ni las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional acataron la orden.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema determinó recientemente que Pedro Castillo fue responsable del delito de conspiración para rebelión, tras considerar probado que intentó disolver el Congreso e intervenir el sistema de justicia durante su mensaje a la Nación del 7 de diciembre del 2022. Por estos hechos, recibió una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión, pena que cumple en el penal de Barbadillo, donde permanecía recluido por prisión preventiva desde su detención en flagrancia. Junto a él, también fueron sentenciados Betssy Chávez y Willy Huerta a la misma pena como coautores, mientras que Aníbal Torres fue condenado a 6 años y 6 meses, a la espera de resolución en instancias superiores.
El fallo judicial incluye además la búsqueda y captura de Betssy Chávez, así como la suspensión de la ejecución de la pena para Huerta y Torres, en caso presenten apelación. De acuerdo con la resolución, las autoridades concluyeron que Castillo no actuó en solitario, sino que planificó la disolución del Parlamento al verse acorralado por una moción de vacancia y varias investigaciones penales.
