En medio del incremento de controles en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, un nuevo caso expuso la sofisticación de las mafias dedicadas a la falsificación de documentos migratorios. Una ciudadana dominicana fue intervenida cuando intentaba abordar un vuelo rumbo a Madrid utilizando un carnet de residencia español adulterado, un tipo de documento que es obligatorio para ingresar a territorio europeo si no se cuenta con el visado correspondiente. La alerta inicial surgió durante el proceso de check-in, cuando el personal de la aerolínea detectó irregularidades y pidió apoyo a Migraciones.
La intervención ocurrió el pasado 20 de noviembre y permitió confirmar que el documento presentado carecía de medidas de seguridad reales. Según indicó personal del Ministerio del Interior a Panamericana, la mujer, identificada como Joani Rosal Soto, de 45 años, pretendía llegar a España utilizando una tarjeta de residencia modificada. Para ciudadanos dominicanos, viajar a ese país requiere pasaporte vigente y visa, requisitos que no pueden ser reemplazados por documentos manipulados.
Mafias cobran hasta US$6.000 por documentos falsos, según PNP
La intervención no solo permitió detener a la pasajera para las diligencias de ley, sino que volvió a poner en evidencia la operación de mafias internacionales que ofrecen documentos falsificados para cruzar fronteras. De acuerdo con fuentes policiales, estos grupos criminales cobran entre US$5.000 y US$6.000 por elaborar carnets, permisos o pasaportes adulterados, muchos de ellos con modificaciones tan graves como el reemplazo de tapas para simular pasaportes oficiales de otros países.
“Lo que la señora tenía era un documento de residencia española adulterado. Con ese documento trataba de ingresar a España”, detallaron los agentes que participaron en la intervención. También explicaron que este tipo de redes ha intentado incluso fabricar documentos con insignias diplomáticas falsas, buscando que quienes los porten se hagan pasar por supuestos funcionarios o representantes oficiales.
El caso se registra en un año donde se ha intensificado el control fronterizo. Solo en 2025, Migraciones ha denegado el ingreso a 1.949 ciudadanos extranjeros por presentar documentación irregular o no cumplir los requisitos mínimos. Desde el 1 de junio, fecha en que comenzó a operar el nuevo terminal del aeropuerto, se reportaron 957 inadmisiones, la mayoría vinculadas a no acreditar el perfil de turista (50.3%), carecer de visa (22.2%) o no contar con pasaporte válido (17.3%). Otras razones frecuentes incluyen documentación adulterada (5.1%) y alertas por motivos de seguridad nacional, orden interno o público.
Las nacionalidades con más casos de inadmisión provienen de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, China, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Haití, México, República Dominicana y Venezuela. Estas estadísticas reflejan el aumento de controles migratorios, así como las nuevas modalidades usadas por redes que buscan vulnerar los sistemas de identificación en Sudamérica.
Mafias usan pasaportes diplomáticos falsos y buscan burlar controles del nuevo Jorge Chávez
El equipo especializado Punto Atenas de Migraciones, instalado en el nuevo terminal del Jorge Chávez, ha identificado a 957 extranjeros que intentaron vulnerar los filtros migratorios con documentos fraudulentos. Entre los casos detectados figuran pasaportes diplomáticos falsificados, permisos de residencia alterados y modificaciones en la página de datos de pasaportes reales, todos con el objetivo de facilitar la salida hacia Europa, donde muchos de estos viajeros requieren visa obligatoria.
Según precisó el director de Registro y Control Migratorio, Fernando Núñez, las mafias están empleando incluso pasaportes peruanos adulterados, debido a que este documento permite ingresar al espacio Schengen sin visa, lo que lo convierte en un blanco frecuente para redes de tráfico de migrantes. El funcionario también señaló que la mayoría de personas intervenidas proviene de Ecuador y Bolivia, nacionalidades que sí necesitan visado para entrar a Europa, lo que incrementa la demanda de documentos falsos.
Estas organizaciones delictivas cobran entre US$5.000 y US$6.000 por cada pasaporte falsificado e incluyen en ese “paquete” una preparación previa para que los migrantes puedan responder entrevistas y superar los controles en el aeropuerto. Cuando los agentes descubren la irregularidad, el viajero es declarado inadmisible y la aerolínea tiene un plazo máximo de 24 horas para retornarlo a su punto de origen. En casos más graves, los implicados quedan detenidos, ya que utilizar documentos de alta seguridad falsificados puede derivar en penas de hasta seis años de cárcel.
