El reciente anuncio del alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, sobre la posibilidad de cerrar Machu Picchu durante uno o dos meses desde enero de 2026, desencadenó una fuerte reacción en distintos sectores de Perú. La propuesta, divulgada en un periodo de incertidumbre respecto al acceso y manejo del santuario, agudizó la discusión sobre la legalidad de la iniciativa y su impacto económico en el país. La preocupación alcanzó rápidamente a los principales actores del turismo, la economía local y la administración pública, quienes temen consecuencias para todo el Cusco y para la economía nacional.
La iniciativa del cierre, expuesta por el burgomaestre en una entrevista, fue percibida como amenaza directa a la estabilidad de la principal fuente de ingresos de la región. La noticia generó alarma entre los vecinos del distrito, que consideran la medida un riesgo para su bienestar y para las miles de familias que dependen de la actividad turística.
La discusión sobre la autoridad para tomar una decisión de cierre respecto a un sitio Patrimonio Cultural de la Humanidad cobró nueva relevancia. Las voces especializadas destacaron la complejidad legal que regula Machu Picchu y la necesidad de coordinación entre distintos niveles de gobierno.
La controversia sacó a la luz las limitaciones legales de las autoridades locales y los problemas ya existentes en la gestión y planificación de los servicios turísticos. En este contexto, la comunidad y los sectores económicos reclaman respuestas concretas y actos responsables para evitar que una decisión unilateral ponga en peligro el futuro de uno de los destinos más emblemáticos del país.
¿Quién puede cerrar Machu Picchu?
El debate sobre la capacidad del alcalde de Urubamba para disponer el cierre de Machu Picchu fue abordado por especialistas en derecho. André Sota, profesor de Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), explicó a Infobae Perú: “La facultad del cierre de Machu Picchu como patrimonio cultural tiene una dinámica conjunta entre el gobierno central y los alcaldes regionales. Bajo ningún motivo, un alcalde distrital puede tomar esa decisión solo (ley 28296)”. El experto precisó que la competencia sobre el santuario corresponde al gobierno central, a través del Ministerio de Cultura, con apoyo del municipio provincial.
Además, advirtió que la propuesta del burgomaestre revela desconocimiento sobre las normas y competencias del patrimonio cultural, además de riesgos legales para cualquier autoridad que dicte un cierre sin justificación técnica. “Se podría plantar el delito de usurpación de funciones si se demuestra el dolo de aquel gobernante en las decisiones que ha expuesto a los medios”, señaló Sota.
Esta postura fue respaldada por autoridades locales y nacionales, quienes coincidieron en que una decisión de tal magnitud no puede ser adoptada unilateralmente por un municipio. La normativa exige la intervención coordinada de diversas entidades y restringe el margen de acción de los alcaldes distritales en decisiones sobre la operación de Machu Picchu.
Un gran impacto económico de un cierre temporal
El cierre de Machu Picchu, aunque sea solo uno o dos meses, tendría consecuencias directas y profundas sobre la economía regional y nacional. Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la UPC, detalló a Infobae Perú que, según información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), “Cusco es el primer exportador de servicios turísticos a nivel nacional, considerando a Machu Picchu como uno de los principales centros exportadores en el sector, al representar el 63% del total de las exportaciones peruanas de servicios de turismo”.
Entre enero y septiembre de 2025, Machu Picchu recibió 1.170.389 visitantes, lo que representó un aumento de 3% frente al mismo periodo de 2024, aunque aun sin alcanzar los 1.210.804 de 2019. Durante ese mismo lapso, otros sitios de Cusco también incrementaron su afluencia: Saqsayhuaman, Ollantaytambo, Qenqo, Pukapukara y Tambomachay, según el informe mensual de turismo de octubre de 2025.
La doctora precisó que el 78,4% de los visitantes son turistas extranjeros, con un gasto promedio de entre USD 1.000 y USD 1.500. Por tanto, si el santuario cerrara, se dejarían de percibir más de USD 150 millones mensuales, lo que causaría un golpe muy fuerte a la economía cusqueña. Este impacto se evidenciaría en la caída de ventas de tejidos y artesanías, restaurantes, hoteles, servicios de transporte y otros sectores vinculados al turismo.
Además, “la recuperación del sector tras una paralización de este tipo no sería inmediata. Los viajes internacionales suelen planificarse con al menos seis meses de antelación, lo que afectaría a visitantes que ya programaron sus recorridos y a quienes evalúan viajar al Perú en 2026”, explicó Sícoli.
El cierre perjudicaría también a los turistas nacionales, profundizando el daño económico. Tomando la experiencia de la pandemia, recordó que aún no se ha recuperado el flujo de 2019, por lo que un nuevo cierre podría extender sus efectos negativos durante años.
Los habitantes advirtieron que un cierre total paraliza hoteles, restaurantes y comercios, y solicitaron que el alcalde mida sus palabras ante las repercusiones mundiales de su propuesta.
Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, enfatizó que la propuesta carece de sustento legal. Santoyo afirmó que ninguna autoridad municipal tiene competencia sobre el cierre de Machu Picchu y que el caso evidenció fallas en la gestión de procesos como la licitación de la carretera Hiram Bingham. Remarcó que la municipalidad tuvo cuatro meses para completar la licitación y, tras casi noventa días, no existe un avance relevante. Sostuvo que se optó por avanzar sin una planificación adecuada ni participación del sector privado, que conoce el funcionamiento del circuito turístico.
Retos estructurales y alternativas para la gestión de Machu Picchu
La controversia evidenció la necesidad de reformas estructurales en la gestión del santuario para evitar crisis recurrentes. Claudia Sícoli indicó que Machu Picchu requiere “el desarrollo e implementación de un sistema único y eficiente para la gestión de la comercialización de los tickets de ingreso y de los pasajes de buses y trenes, considerando el aforo máximo permitido por cada ruta”. Este sistema debe ser utilizado por operadores turísticos bajo supervisión centralizada.
Además, Sícoli resaltó la importancia de las medidas establecidas en el Plan Estratégico Regional de Turismo (PERTUR Cusco 2019-2025), que incluyen mejorar la gestión y operación de servicios turísticos, atraer inversiones para un turismo sostenible, facilitar la accesibilidad e integración entre destinos y diversificar la oferta hacia propuestas culturales, naturales, de aventura y vivenciales.
Sobre el argumento de que el cierre serviría para “ordenar el turismo”, Sícoli precisó: “Para ordenar el turismo no es necesario ‘cerrar’ Machu Picchu; lo que se requiere es fortalecer la coordinación entre los sectores involucrados, potenciar aquellas iniciativas exitosas del pasado y propiciar beneficios para locales y visitantes, en lugar de imponer una medida que solo provocará pérdidas económicas cuantiosas y una devaluación irreversible de uno de los destinos emblemáticos del Perú”.
