El Poder Judicial sentenció al expresidente Pedro Castillo, a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y al exministro del Interior, Willy Huerta, a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión. El delito que se les imputó fue el de conspiración para la rebelión, por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
También se impuso 2 años de inhabilitación y 12 millones de soles (3.562.000 dólares) de reparación para los tres condenados. Se resolvió, por mayoría, que no se consideraba la acusación del Ministerio Público por rebelión, por lo que calificó los hechos como una conspiración para cometer este delito.
De esta manera, el exjefe de Estado se convierte en el primer mandatario peruano, en la historia, en ser condenado por intentar dar un golpe de Estado. En los casos de Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Martín Vizcarra, quienes también se encuentran presos, se trata de otras infracciones: lavado de activos para los dos primeros y coecho para el último.
El caso de Alberto Fujimori
Alberto Fujimori dio un golpe de Estado el 5 de abril de 1992, dos años después de haber iniciado su gobierno. Este es el antecedente más cercano en cuanto a un rompimiento democrático.
En el 2007, Fujimori fue extraditado desde Chile y entre ninguno de los cuadernillos se incluyó inicialmente el caso del autogolpe. Yvan Montoya, abogado director del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp), explicó a Ojo Público que esto sucedió porque se tenía que “enviar los casos más consolidados”.
“El delito de rebelión, que es donde estaba subsumido el golpe de Estado, es el clásico delito político por excelencia. Por lo tanto, era altamente probable que Chile lo desestimara”, dijo el medio. Acota, además, que el estándar en Chile de concesión de extradiciones es muy alto y exigente.
Si bien desde cierto sector político se consideró que Martín Vizcarra podría haber cerrado el Parlamento en el 2019 ilegalmente, el Tribunal Constitucional validó en ese momento la denegación fáctica de confianza por parte del Congreso.
¿Por qué fueron sentenciados?
El tribunal supremo indicó como agravante la condición del exmandatario como primer funcionario del país. Sin embargo, se acotó que no registra antecedentes penales. Por otro lado, fue absuelto del delito de grave perturbación a la tranquilidad pública y abuso de autoridad, ya que el hecho a sancionar es el mismo por el que fue sentenciado. Saldrá en libertad el 21 de mayo de 2034.
En cuanto a Willy Huerta, se determinó que el extitular del Mininter fue “parte del acuerdo para atentar con el orden constitucional”, debido a que fue llamado personalmente a Pedro Castillo para que presencie el mensaje. En su defensa, aseguró que fue sorprendido por el rompimiento democrático, pero el Poder Judicial dio a conocer que prestó su celular al expresidente y pidió al policía Manuel Lozada que retire las rejas de Palacio de Gobierno para que ingresen simpatizantes del gobernante.
En el caso de Anibal Torres, el veredicto fue de 6 años y 8 meses de cárcel, además de una inhabilitación de un año. A pesar de que el abogado tenía 79 años al momento del intento de golpe, deberá ser internado en un centro penitenciario. Su participación se demuestra en una reunión que tuvo el 6 de diciembre junto a Castillo y Betssy Chávez, donde se redactó el mensaje. Incluso se menciona que abrazó al exjefe de Estado, una vez culminada la transmisión.
Policías absueltos
El tribunal sostiene que existen dudas sobre si el policía Manuel Lozada impidió el ingreso de congresistas a Palacio Legislativo, por lo que fue absuelto. También determinaron que no hay pruebas suficientes para sostener que el policía Jesús Venero Mellado haya participado en el golpe, por lo que tampoco fue hallado culpable.
El efectivo Eder Infanzón, si bien habría impedido el ingreso de legisladores al Parlamento, el Poder Judicial menciona que no hay evidencia de que haya actuado en contubernio con los otros acusados. Él se encuentra como reo contumaz porque no se presentó al juicio y Suiza, el país donde se encuentra, se niega a dar información sobre su paradero. Como reo contumaz puede ser absuelto, mas no condenado.
