La presentación de un nuevo proyecto de ley en el Congreso ha encendido alertas entre especialistas y colectivos dedicados a la protección de la niñez. La propuesta, impulsada por el congresista Guido Bellido, plantea derogar la Ley 30403, norma vigente que prohíbe el castigo físico y humillante contra niñas, niños y adolescentes. Además, busca modificar el Código de los Niños y Adolescentes para que padres y tutores puedan «corregir con moderación» a menores dentro de lo que el documento denomina límites “razonables”.
El documento legislativo también propone restituir el denominado “principio de autoridad” para que padres y tutores puedan “corregir con prudencia y moderación” a menores de edad, además de reinstaurar la instrucción premilitar obligatoria en todas las instituciones educativas del nivel secundario. Diversos colectivos y organizaciones especializadas en infancia difundieron pronunciamientos públicos para cuestionar la propuesta, señalando que la regulación vigente constituye un marco esencial para garantizar entornos seguros en hogares y centros educativos.
Organizaciones destacan vigencia de la Ley 30403 y cuestionan instrucción premilitar obligatoria
El Grupo Impulsor para poner fin a la Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes difundió un comunicado en el que expresa preocupación por la iniciativa parlamentaria. La agrupación recuerda que la Ley N° 30403 representó un avance significativo al prohibir el castigo físico y humillante, posicionando al país como uno de los primeros en la región en adoptar este tipo de protección integral para la infancia. Según indican, esta norma se convirtió en referencia regional al establecer pautas claras para la convivencia familiar y escolar.
El pronunciamiento también señala que actualmente existen 69 países que cuentan con legislaciones similares y que han seguido las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño para eliminar todo tipo de castigo físico. En ese sentido, advierten que retirar esta normativa implicaría un retroceso respecto de los derechos ya reconocidos para niñas, niños y adolescentes, especialmente en lo que respecta a entornos libres de violencia.
Respecto al concepto de “principio de autoridad”, las organizaciones precisan que no debe interpretarse como un aval para prácticas disciplinarias que puedan resultar dañinas. En el comunicado señalan que estudios internacionales han identificado efectos negativos asociados a correcciones basadas en métodos físicos o humillantes, por lo que la legislación vigente busca desalentar cualquier mecanismo que afecte la dignidad o el desarrollo emocional de la niñez.
Sobre la propuesta de reinstaurar la instrucción premilitar en colegios de secundaria, el Grupo Impulsor considera que esta medida desconoce la diversidad de enfoques pedagógicos que priorizan valores democráticos, formación ciudadana y construcción de paz. En su posición pública remarcan que la educación cívica puede promoverse desde metodologías inclusivas y respetuosas, sin recurrir a esquemas que puedan vincularse con disciplina rígida en etapas formativas.
De los castigos coloniales a la prohibición legal: así cambió la disciplina escolar en más de cuatro siglos
Los castigos físicos en las escuelas del Perú tienen un origen remoto: según el historiador Moisés Aguilar Zanabria, estas prácticas comenzaron durante la Conquista y se mantuvieron en los siglos XIX y XX, influenciadas por métodos pedagógicos europeos que consideraban los azotes, los reglazos y la palmeta como herramientas legítimas para mantener el orden. Incluso a inicios del siglo XXI, algunos colegios todavía aplicaban sanciones severas, que incluían encierros en espacios reducidos como parte de la disciplina cotidiana.
El giro de este modelo comenzó a consolidarse con el reconocimiento progresivo de los derechos de los niños y adolescentes, impulsado por tratados como la Convención sobre los Derechos del Niño. Tal como explica el sociólogo Carlos Vergara Campos, la transición respondió a una toma de conciencia sobre la importancia de proteger la integridad física, emocional y psicológica de los estudiantes. Este cambio desmontó la antigua relación vertical entre profesor y alumno, en la que la autoridad del docente se imponía sin cuestionamientos.
El punto de quiebre llegó en diciembre de 2015, cuando se promulgó la Ley N.º 30403, que prohibió de manera explícita el castigo físico y humillante en cualquier espacio, sea familia, escuela o comunidad. Tres años después, en junio de 2018, se aprobó el reglamento oficial mediante el Decreto Supremo N.º 003-2018-MIMP, lo que permitió implementar plenamente la norma en todos los entornos vinculados al cuidado de menores. Con ello, el país dejó atrás siglos de prácticas punitivas y adoptó un enfoque educativo basado en el respeto y el acompañamiento.
