Recientemente, la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República del Perú aprobó el dictamen del Proyecto de Ley que declara de interés nacional la creación de la Superintendencia Nacional de Pesca y Acuicultura (SUNAPA), con la finalidad de crear una institución especializada para afrontar los retos estructurales del sector pesquero, como la informalidad, la sobreexplotación de los recursos hidrobiológicos y la limitada capacidad de fiscalización.
¿Será la creación de esta nueva institución la solución a esos problemas del sector pesquero?
Cabe precisar que el dictamen aprobado no crea la SUNAPA, solo declara de interés nacional su creación; en otras palabras, no obliga, no ordena, no implementa, no transfiere funciones ni modifica la arquitectura institucional actual. Ello queda sujeto a una condición adicional: que el Pleno apruebe la declaración.
Aun así, la discusión es valiosa porque permite volver a un punto que origina problemas como la informalidad en el sector pesquero y que muchas veces suele evitarse. El origen del desorden en la pesca peruana no está en la falta de una superintendencia, sino en el bajo desempeño de las competencias pesqueras por parte de los gobiernos regionales, así como en la escasa capacidad de fiscalización.
Pero si queremos entender el porqué del problema de fondo, este no es solo la falta de una fiscalización nacional, sino del uso de las competencias que la descentralización les otorgó en materia pesquera a los gobiernos regionales.
Basta mencionar un hecho elemental: durante años, los gobiernos regionales han administrado las autorizaciones artesanales con criterios dispares, otorgando carnets sin requisitos uniformes ni trazabilidad suficiente. Aunque no son el único factor, estas brechas en la gestión territorial han contribuido a un crecimiento poco controlado del esfuerzo pesquero artesanal, aumentando la presión sobre los caladeros y dificultando cualquier intento de ordenamiento. Este problema se suma a un ecosistema institucional fragmentado que limita la capacidad del Estado para fiscalizar de manera efectiva.
A ello se suma otro síntoma de debilidad institucional, el desvío ilegal de anchoveta para harina de pescado. Según informes de Oceana Perú, se estiman en 150 mil toneladas anuales el desvío promedio, una cifra que persiste y se consolida cuando los controles se debilitan. Este desvío afecta la seguridad alimentaria, reduce la rentabilidad de los pescadores formales y altera la cadena trófica. Un país que lucha contra la anemia no puede darse el lujo de que siete de cada diez peces terminen fuera del circuito alimentario legal.
Frente a este panorama, una superintendencia como la SUNAPA podría aportar mucho como la centralización de la fiscalización, criterios únicos a nivel nacional, sanciones coherentes, trazabilidad obligatoria, inspecciones modernas y un enfoque técnico alejado de presiones políticas locales. Pero nada de esto será posible mientras su existencia solo esté “declarada” y no creada, regulada y dotada de presupuesto, personal y competencias exclusivas, incluyendo la eliminación de las direcciones del Ministerio de la Producción cuyas funciones serían transferidas, así como las de los gobiernos regionales.
El Congreso ha dado un paso importante, pero aún insuficiente. Si el Congreso quiere realmente ordenar el sector pesquero —y no simplemente expresar un deseo—, el Pleno deberá aprobar una ley que cree la SUNAPA con autoridad real, alcance nacional y capacidad operativa. El país no necesita más declaraciones simbólicas, necesita instituciones que funcionen.
