La tensión entre el fuero político y el sistema de justicia en Perú vuelve a situarse en el centro del debate nacional. La fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, denunció una supuesta persecución política en su contra tras la reciente decisión de la Comisión Permanente del Congreso, que aprobó el informe final recomendando su inhabilitación por diez años para desempeñar cargos públicos.
En diálogo con RPP, aseguraron que la decisión fue adoptada con criterios políticos y un trato diferencial que cuestiona los principios de imparcialidad y debido proceso. Asimismo, insistió que desde su suspensión ha sido objeto de una campaña sistemática de denuncias y procedimientos administrativos en distintas instancias.
“Se está pretendiendo concretar a través de un plan cerco contra mí, estructurado, ya organizado, y eso se nota por parte de la Junta Nacional de Justicia, por parte del Congreso y ahora espero que no se sume también el Tribunal Constitucional”, aseveró. Incluyó también al abogado Luis Caya, ligado al partido aprista, como uno de los principales impulsores de las denuncias en su contra.
“Me denuncia a diestra y siniestra. Y obviamente es del mismo partido político de los abogados de la señora [Patricia] Benavides, ¿no? Jorge del Castillo, el señor Humberto Abanto, que en su momento han patrocinado y que están incluso ahora como candidatos por su partido aprista. Es una persecución, obviamente, yo la veo como una venganza y esa venganza se traslada también al Congreso por la cantidad muy sustentada de denuncias o de investigaciones que yo he estado llevando a cabo desde que asumí el cargo de fiscal de la nación”, sostuvo.
En relación con su eventual inhabilitación, que se debatirá en el Pleno del Congreso este 3 de diciembre, Espinoza recordó que estuvo involucrada en la resolución 2246, al igual que otros tres fiscales supremos: Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos. Sin embargo, la Comisión Permanente decidió absolver a estos tres y recomendar la inhabilitación solo a Espinoza.
“Es un solo hecho, un solo procedimiento, pero solo yo soy señalada. Es increíble que, si se trata de un solo hecho, no haya responsabilidad compartida o, al menos, uniformidad en el trato”, comentó.
La defensa legal, encabezada por Rodolfo Pérez, calificó el proceso como “kafkiano”, en alusión a la novela de Franz Kafka, y denunció que el Congreso ha aplicado la máxima sanción, que es la inhabilitación, sin explicación consistente sobre el cambio de voto de varios congresistas entre los fiscales involucrados. “Mismos hechos, tres absueltos y una sola declarada responsable. Eso atenta contra los principios jurídicos y la igualdad ante la ley”, afirmó el abogado.
Como se sabe, el argumento principal del Parlamento se centra en una supuesta infracción por invasión de competencias de la Policía Nacional, contenida en la Ley 32130, cuando se aprobó la polémica resolución. Sin embargo, la suspendida fiscal suprema y su defensa sostienen que la potestad de emitir reglamentos del Ministerio Público no le correspondía a la Junta de Fiscales Supremos, sino exclusiva y excluyentemente al fiscal de la Nación en funciones, en ese momento Juan Carlos Villena. De hecho, recalcan que la firma y aprobación del documento recayeron únicamente en él, por lo que la responsabilidad de sus colegas, incluida Espinoza, no se sostiene ni documentalmente ni en la práctica.
En relación con la acción de inconstitucionalidad presentada, el abogado Rodolfo Pérez aseguró que es una atribución constitucional del Ministerio Público. “No se puede someter a juicio político a la fiscal de la Nación por interponer una acción de inconstitucionalidad contra una ley que limita las funciones investigativas. Formar parte de sus facultades y no puede considerarse una falta”, sentenció.
