La inhabilitación por 10 años de Willy Huerta Olivas, exministro del Interior, marca un nuevo episodio en la serie de consecuencias políticas tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 en Perú. La Comisión Permanente del Congreso aprobó por mayoría el informe final de las denuncias constitucionales contra Huerta, concluyendo que su conducta antes y durante el intento de quiebre del orden democrático vulneró diversos artículos de la Constitución Política del Perú.
El documento, elaborado por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, detalla que Huerta mantuvo reuniones en el Despacho Presidencial los días uno, tres, cuatro, cinco y seis de diciembre de 2022, poco antes del mensaje a la Nación en el que el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso. El 7 de diciembre, Huerta ingresó a Palacio antes del discurso de Castillo y permaneció en el lugar tras su emisión. Según el informe, desde allí facilitó contactos entre Castillo y el comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, con el propósito de ejecutar el cierre del Congreso e intervenir el Ministerio Público.
El informe también indica que Huerta transmitió órdenes para reforzar la seguridad en los domicilios de los padres de Pedro Castillo, de Betssy Chávez y de Aníbal Torres. Coordinó acciones de seguridad con el general Manuel Lozada antes del 7 de diciembre y trasladó el requerimiento de la entonces premier Betssy Chávez para permitir el ingreso de simpatizantes de Castillo en la Plaza Mayor, aunque esta acción nunca se concretó. Más tarde, Huerta renunció a su cargo a las 13:31 de ese día.
Debate y votación en el Congreso sin descargo oral de Huerta
Durante la sesión de debate y votación, Huerta participó de manera virtual a través de la plataforma Teams, sin ejercer su derecho a la defensa. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, explicó que la citación había sido reprogramada una sola vez a pedido del propio Huerta. Ante la ausencia de descargos orales, se procedió directamente con la sustentación, el debate y la votación, que terminó con catorce votos a favor y seis en contra de la sanción.
El documento aprobado sustenta que Huerta no defendió el orden constitucional y, por el contrario, facilitó medidas que vulneraron la Carta Magna. Se establece que la sanción no es penal, sino política, respaldada por el artículo 100 de la Constitución, que permite al Congreso inhabilitar hasta por diez años a altos funcionarios por infracción constitucional. Los artículos presuntamente quebrantados abarcan la defensa del Estado de Derecho, la función pública, la jerarquía normativa y la estructura del Poder Judicial. Por la gravedad de la conducta, se impuso la sanción más severa contemplada.
Acusaciones también alcanzan a Castillo y Chávez
Las denuncias constitucionales N° 547 y 575, acumuladas por el Congreso, también alcanzan al expresidente Pedro Castillo y a la expremier Betssy Chávez, por posibles infracciones a varios artículos de la Constitución derivadas de los hechos del 7 de diciembre de 2022.
El informe destaca que Huerta no integraba el equipo de defensa presidencial ante la moción de vacancia planeada para ese día y no pudo justificar adecuadamente en audiencia el motivo de sus reuniones en Palacio. Tampoco emitió ningún pronunciamiento público ni privado en contra del mensaje presidencial, y acató instrucciones de Castillo cuando este ya actuaba de manera inconstitucional. El texto enfatiza que Huerta tenía la obligación de oponerse a las órdenes de un presidente en situación de usurpación.
Argumentos de Huerta y conclusión del informe
En sus descargos escritos, Huerta alegó que no existe evidencia o responsabilidad objetiva comprobada por el Ministerio Público en su contra y calificó las acusaciones como presunciones e interpretaciones arbitrarias. Sostuvo que, al momento de la denuncia constitucional, el proceso penal en el Poder Judicial no había probado su participación en los hechos y que no se demostraron acciones concretas, solo intenciones. Sin embargo, no presentó pruebas a su favor en el proceso parlamentario.
El informe concluye que las conductas atribuidas a Huerta representan infracciones reiteradas a la Constitución y que el exministro respaldó las disposiciones anunciadas por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, sin proteger la Constitución, tal como exigía su cargo. Por ese motivo, se recomendó y aprobó la sanción máxima: inhabilitación para ejercer la función pública por diez años. El documento remarca que la medida no busca establecer delitos penales, función que corresponde al Poder Judicial, sino determinar la responsabilidad política y constitucional del exministro.
