Delia Espinoza responde. Apenas tomó conocimiento de la decisión de la Comisión Permanente, la suspendida fiscal denunció públicamente que el Congreso atentó contra el orden constitucional y actuó por “venganza política”. Aseguró que el proceso seguido en su contra estuvo marcado por arbitrariedades y vulneraciones al debido proceso.
“Acabo de tomar conocimiento del quiebre del Estado constitucional cometido en el Congreso. Realmente es una ilegalidad, una inconstitucionalidad, un atropello más evidente, no puede ser”, declaró a su salida del Poder Judicial.
Según señaló, la votación que derivó en su inhabilitación por 10 años corresponde a un caso en el que ella no ha “tenido ninguna participación” y cuyos detalles constan en la documentación entregada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Espinoza afirmó que la Subcomisión no les permitió ejercer una defensa adecuada y recordó que incluso se intentó impedir la transmisión en vivo de una sesión clave. “Ya han atropellado bastante mis derechos fundamentales, porque desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no se nos ha permitido actuar como debe ser, con un debido proceso congresal. Incluso, recordarán muchos de que se interrumpió. No quisieron que se transmita en vivo”, indicó.
Para ella, estas irregularidades no son casuales y se relacionan con el sentido de la votación que, momentáneamente, salvó a los otros fiscales implicados. “Están corriendo contra mí. A los demás colegas los han salvado. Pero contra mí, sí. ¿Por qué? Porque es venganza. Es venganza política por actuar con ley”, enfatizó.
Espinoza advierte de una “dictadura parlamentaria”
En medio del ataque parlamentario, Delia Espinoza aseguró que asistirá al Pleno del Congreso para ejercer personalmente su defensa. “Voy a ir al pleno, por supuesto, y me van a escuchar cuando me citen. Voy a hablar y me van a escuchar siempre con la verdad, como hasta el momento yo me he expresado y a la gente le consta”, afirmó.
La magistrada sostuvo que las decisiones adoptadas por la Comisión Permanente confirman una ruptura del equilibrio democrático y un accionar dirigido exclusivamente en su contra. “Si ellos quieren seguir vulnerando el Estado de derecho, desde ahorita ya estamos en dictadura (…) dictadura parlamentaria”, advirtió.
Espinoza añadió que en el Congreso hay legisladores que, por su formación y el asesoramiento con el que cuentan, saben perfectamente “quién participa y quién no” en los hechos que se le atribuyen. Por ello, calificó de incomprensible —y deliberada— la decisión de inhabilitarla únicamente a ella, pese a que otros fiscales estaban incluidos en la misma acusación.
Comisión Permanente aprueba la inhabilitación
Minutos antes de sus declaraciones, la Comisión Permanente del Congreso aprobó inhabilitarla por 10 años para ejercer la función pública, imputándole una infracción constitucional por haber firmado una directiva que establecía lineamientos para la conducción de las investigaciones preliminares. Según los congresistas que impulsaron la denuncia, ese documento habría vulnerado la Ley 32130, que devuelve a la Policía Nacional del Perú la conducción de dichas investigaciones.
La sanción alcanzó 16 votos a favor, respaldada por legisladores de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular y Avanza País. Además, se aprobó con 17 votos levantar su fuero para que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, presente una denuncia penal ante la Corte Suprema en un plazo máximo de cinco días.
