La lucha por la autonomía del Ministerio Público alcanzó un punto crítico luego de que la Fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, denunciara ser víctima de una abierta “persecución política” orquestada desde el Congreso de la República, y cuestionara el silencio de sus colegas fiscales supremos frente al “intento de captura de la institución”.
En entrevista con Ideele radio, Espinoza defendió la legitimidad de la orden judicial que exige su reposición en el cargo y atribuyó la arremetida en su contra a la serie de investigaciones de alto impacto que impulsó durante su gestión. Aseguró que su suspensión fue una consecuencia directa de haber impulsado “por lo menos veintinueve” denuncias constitucionales contra congresistas, además de investigar el presunto esquema de la exfiscal Patricia Benavides de canjear archivos de casos por votos legislativos.
“Yo he estado cumpliendo con mi trabajo. El Ministerio Público se ha estado levantando un poco de las cenizas que dejó la gestión anterior [de Patricia Benavides]... Esas son las razones por las cuales a mí en realidad se me considera una persona incómoda, por decirlo menos, por no decir enemiga”, declaró.
Detalló que esta persecución escaló a un nivel de hostigamiento personal por parte del Parlamento y denunció, lo que calificó como “inédito”, dos citaciones (una a la Comisión Permanente a las 9:00 a.m. y otra a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a las 5:00 p.m.) para el próximo martes, fecha que coincide con, según el mandato judicial, su reposición al cargo.
“El Congreso quiere presionar, el Congreso quiere amedrentar. Nunca se cita en un mismo día para dos diligencias tan importantes y que son demandantes y hasta agotadoras”, señaló y sugirió que la maniobra busca dificultar su retorno al despacho.
Respecto al papel de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), mencionó que desacató en dos oportunidades el mandato judicial que exige su reposición utilizando “argucias legales” para no suspender el procedimiento disciplinario. Asimismo, cuestionó la presentación de una demanda competencial con medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC), buscando que el TC determine si el Poder Judicial puede ordenar la reposición de un alto funcionario.
Espinoza calificó esta acción como una maniobra dilatoria y jurídicamente endeble, asegurando que el caso “nace muerto”, ya que la propia jurisprudencia del TC ya ha validado que el Poder Judicial sí tiene competencia para defender derechos fundamentales, como la debida motivación y el derecho a la defensa, que ella alega fueron violados en su proceso de suspensión.
Por otro lado, consultada sobre el silencio de los fiscales supremos, quienes también afrontan el riesgo de ser inhabilitados por el Congreso, hizo un llamado a que se pronuncien. “Este es el momento. Si los colegas están escuchando y están mirando, ellos que están en ejercicio efectivo de la función, ya deberían salir a pronunciarse o a dar una conferencia o mandar un mensaje, un comunicado deplorando este tipo de prácticas totalmente antijurídicas desde el Congreso," manifestó.
“Desde el Congreso hay una persecución totalmente malsana, ilícita, de abuso de poder y de abuso de derecho. Yo no sé qué estarán pensando, pero yo espero y sigo esperando que ellos reaccionen. Yo en su momento lo he planteado, pero obviamente, ante el silencio de ellos, lo único y como yo le expresé en esa oportunidad, lo que yo sí advertí respecto del doctor Sánchez y de la doctora Zoraida que no quisieron asumir el interinato era por un temor. Que puede ser humano, puede ser lógico, pero no es un tema solo personal, [sino que atañe a la independencia y la autonomía institucional del Ministerio Público]”, agregó.
Finalmente, Espinoza criticó duramente la actuación del Fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, la cual calificó de “vergonzosa”. La crítica se centró en la reunión que el interino sostuvo con congresistas (muchos de ellos investigados) y su posterior declaración, donde insinuó un “exceso” en la labor de la Fiscalía. “Un fiscal de la Nación no puede expresarse en esos términos... eso es desconocer las atribuciones constitucionales de un fiscal de la nación,” sostuvo.
