La presión política sobre la situación de Betssy Chávez se ha hecho visible tras la decisión judicial que ordenó cinco meses de prisión preventiva contra la ex primera ministra, investigada por su vinculación con el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.
Desde el Congreso, diversas voces han solicitado que el Gobierno autorice el ingreso de las fuerzas del orden a la Embajada de México en Lima para ejecutar la detención de Chávez, quien permanece asilada en la residencia diplomática desde el 3 de noviembre.
Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, declaró que el Gobierno debe actuar para hacer cumplir la resolución judicial sin excepciones, incluso si esto requiere ingresar al recinto diplomático mexicano.
La parlamentaria de Alianza para el Progreso argumentó que no existe persecución política, sino el cumplimiento de la ley, y subrayó la importancia de sentar un precedente para evitar que otros investigados utilicen sedes diplomáticas como refugio.
Citó el ejemplo de Ecuador, donde fuerzas policiales ingresaron a la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, marcando lo que consideró un antecedente regional.
Otros congresistas, como Patricia Juárez, también respaldaron la necesidad de ejecutar la orden judicial y garantizar que Betssy Chávez no reciba un salvoconducto que le permita salir del país. Para las autoridades judiciales, desde el inicio del proceso existía un riesgo de fuga.
El juez Juan Carlos Checkley explicó en su fallo que Chávez incumplió reiteradamente las restricciones impuestas al proceso, lo que motivó la revocatoria de la comparecencia restringida y la activación de una orden de captura nacional e internacional, en coordinación con la Interpol.
En las horas posteriores a la decisión judicial, la residencia diplomática se rodeó de un inusual despliegue de Policía Nacional del Perú (PNP), elevando la vigilancia habitual.
PNP acatará estándares internacionales
Ante la expectativa por este caso, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, explicó que la visita de las fuerzas del orden en la sede de San Isidro formó parte de labores rutinarias de control y supervisión.
Consultado sobre la posibilidad de un ingreso forzoso a la embajada, Arriola indicó que la PNP mantiene constante coordinación con la Cancillería y respeta las normas internacionales en materia de asilo político o refugio.
“Respetamos lo que está establecido en los estándares internacionales”, enfatizó el comandante, marcando distancia respecto a las presiones políticas.
El comandante precisó que la institución no toma decisiones al margen del Derecho Internacional y toda acción en este contexto debe realizarse con un apego estricto a la ley, salvaguardando las obligaciones y acuerdos diplomáticos internacionales suscritos por el Estado peruano.
Además, subrayó que cuando se trata de personas bajo asilo político o refugio, las medidas adoptadas siempre se coordinan con todos los sectores involucrados, manteniendo el respeto por los convenios y tratados vigentes.
Las declaraciones de Arriola fueron realizadas durante un evento público, en el que además presentó a más de 100 agentes policiales que participarán en los Juegos Bolivarianos 2025 en Lima.
