Desde la puesta en funcionamiento del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en junio de 2025, la Superintendencia Nacional de Migraciones denegó el ingreso a 957 ciudadanos extranjeros, de acuerdo con cifras oficiales recopiladas hasta noviembre.
Ese registro contribuye a un total de 1.949 casos de inadmisión a lo largo del año, con personas provenientes de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, China, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Haití, México, República Dominicana y Venezuela.
La decisión de rechazar la entrada al territorio nacional recae en el inspector migratorio, quien ejecuta un análisis individual sobre los requisitos, verifica la existencia de alertas, identifica posibles impedimentos y realiza un perfil de riesgos, sumando además un control secundario para detectar situaciones que pudieran representar amenazas o incumplimiento de la ley.
Migraciones emplea tecnología de punta para estas tareas. El Sistema de Información Avanzada de Pasajeros (APIS) permite acceder de manera anticipada a los datos de visitantes y comparar su información con bases de datos nacionales e internacionales.
Esta interoperabilidad incluye la consulta directa a sistemas de Interpol, la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras agencias, reforzando el proceso de detección de riesgos que pudieran afectar la seguridad en el país.
Entre los principales motivos para inadmitir a una persona se encuentran la falta de documentación adecuada, ausencia de visa, presentación de pasaporte vencido o adulterado y el no cumplimiento con los perfiles de visitante exigidos en la normativa local, principalmente el correspondiente a turistas.
En distintas ocasiones se han detectado incluso documentos diplomáticos falsificados. Otras causas incluyen situaciones relacionadas con la seguridad nacional, el orden interno y el interés público. En menor cantidad de casos, el impedimento de ingresar ocurre por la presencia de alertas previas o la utilización de documentación falsa, adulterada o por intento de suplantación de identidad.
Las autoridades recalcan que la inadmisión no equivale a una detención ni implica forzosamente la comisión de un delito, sino que significa que en ese momento la persona no cumplió los criterios requeridos para ingresar al Perú según la norma establecida. El retorno a sus países de origen se realiza por cuenta de las aerolíneas, lo que garantiza la devolución inmediata y segura.
Al arribar a territorio peruano, los inspectores verifican la validez de pasaportes o documentos de identidad para ciudadanos de la Comunidad Andina (CAN) o Mercosur, y revisan la visa cuando el caso lo requiere. Solicitan información sobre el motivo del viaje, lugar de alojamiento previsto y boleto de salida.
Para reforzar la seguridad, recopilan las huellas dactilares, facilitando la verificación biométrica al instante. Con acceso a datos internacionales y nacionales, los funcionarios comprueban que la persona no mantenga alertas vigentes y valide toda la documentación.
Además, las principales razones de inadmisión incluyen no ajustarse al perfil de turista (50,3 %), carecer de visa (22,2 %) o de pasaporte vigente (17,3 %), presentar documentos alterados como pasaportes diplomáticos falsificados (5,1 %), y criterios relacionados con la seguridad nacional, el orden interno o el orden público, entre otras causas (5,1 %).
Estas medidas buscan mantener el control frente a posibles riesgos y preservar la integridad de la frontera nacional, en respuesta a los desafíos que enfrenta Migraciones en el contexto de un mayor flujo internacional y la protección de la seguridad local.
