El avance de la minería ilegal en Perú ha generado un impacto fiscal sin precedentes, con pérdidas que superan los S/ 7,500 millones anuales por evasión tributaria, de acuerdo con cifras del Instituto Peruano de Economía (IPE). Este fenómeno, que moviliza actualmente más de US$ 12 mil millones, ha experimentado un crecimiento vertiginoso al triplicar los montos reportados en 2023 y ya representa dos tercios del total de las economías ilegales del país.
El gerente de políticas públicas del IPE, Víctor Fuentes, precisó que esta actividad dejó de ser un foco aislado. “La minería ilegal se ha convertido en una industria articulada, que moviliza infraestructura, insumos, explosivos y grandes flujos financieros”, señaló el economista en entrevista con Canal N.
Expansión del mercado ilegal
Las estadísticas reveladas por el IPE indican que mientras en 2023 la minería ilegal representaba el 41% de las economías ilícitas del país, esta proporción se duplicó para 2025, superando ampliamente al narcotráfico, la tala ilegal, la trata de personas y el contrabando. Las estimaciones subrayan que este avance refleja un crecimiento exponencial inédito en el ámbito delictivo nacional, convirtiendo al sector en una amenaza estructural para la economía peruana.
El impacto económico total de la minería ilegal alcanza los S/ 22,700 millones, cerca del 25% del Producto Bruto Interno del país. Un factor determinante es la expansión del mercado del oro ilegal, cuyo volumen de exportaciones sin registro tributario ha crecido desde 2023 casi al mismo ritmo que las exportaciones de oro provenientes de la minería formal, según los registros analizados por el IPE.
Urgencia de reformas políticas
Frente a este panorama, especialistas reclaman una reacción política inmediata. Diversos analistas han exhortado al Congreso de la República a acelerar reformas que frenen la consolidación de esta industria ilegal, advirtiendo que “no se trata de minería artesanal de pequeña escala”, sino de estructuras organizadas que rivalizan en escala y eficiencia con el sector formal.
Bajo estas condiciones, la minería ilegal ha dejado de ser únicamente un problema ambiental o de orden público para convertirse en una distorsión económica de gran magnitud que desafía directamente la sostenibilidad fiscal del Estado y compite con los sectores productivos legalmente constituidos.
Presiones por ampliar el Reinfo
Las protestas en torno a la posible ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) marcaron la tarde en el centro de Lima, donde cientos de mineros y representantes gremiales se concentraron en los alrededores del Congreso para exigir que el Pleno incluya el dictamen en la agenda de hoy. La avenida Abancay permaneció bloqueada por varias horas, con el tránsito paralizado y un fuerte resguardo policial ante la tensión generada por los manifestantes que aguardan una respuesta antes de que culmine la legislatura.
El dictamen, que recibió 17 votos a favor en la Comisión de Energía y Minas, aún debe ser admitido para debate en el Pleno. La decisión depende del segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, quien coordina con los portavoces parlamentarios la posibilidad de incorporarlo durante el tramo final de la sesión. Se espera también la exposición del congresista Víctor Cutipa, presidente de dicha comisión, para sustentar la necesidad de extender los plazos del Reinfo, herramienta que permite a pequeños mineros continuar operando mientras completan los requisitos de formalización.
