Organizaciones sociales, empresariales, indígenas y feministas expusieron sobre el avance de la criminalidad en el Perú, dante audiencia pública ante la Comisión Interamericana. Durante la sesión se discutieron temas como el sicariato, la extorsión a compañías de transporte, entre otros.
Cuando le tocó el turno de intervenir al Estado peruano sobre el funcionamiento de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Albújar Velásquez, Jefe de Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Despacho Ministerial, aseguró que no se ha desarticulado la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) y que más bien fue incorporada en la estructura de la Dirección de Investigación Criminal por su naturaleza funcional, que es la investigación de delitos.
“Respecto a los cambios de colocación de oficiales y suboficiales de la Diviac de la PNP, dicho procedimiento es regulado por la ley de situación y carrera policial, que establece el tiempo máximo de permanencia de oficiales y suboficiales en dicha unidad policial”, mencionó.
También opinó sobre el funcionamiento operativo de la División, argumentando que “este no ha sido cuantitativo ni cualitativamente significativo en la lucha contra la inseguridad ciudadana”. “Los índices de percepción de delitos como robos, extorsiones, sicariatos y otros corresponden al trabajo de toda una estructura organizacional policial. A modo de ejemplo, entre el año 2023 y 2025 se investigaron 13 mil 705 casos de extorsión, de los cuales la Diviac solo investigó 12 casos”, declaró.
Por otro lado, sobre la asignación de recursos a la Policía, el representante recordó que la PNP distribuye su presupuesto según la ley y las necesidades de seguridad ciudadana. Así, comenta, podrán combatir la delincuencia común, la criminalidad organizada, procurar orden, tranquilidad y seguridad. De esta manera, dice que se mantienen “los estándares de asignación de recursos económicos financieros, a los que será inyectado adicionalmente recursos para la inteligencia orientada a mejorar la prevención y la investigación criminal”.
El estado de emergencia
En cuanto al estado de emergencia, Albujar lo calificó como un régimen de excepción extraordinario y constitucional, que tiene como objetivo “hacer frente a las graves circunstancias que afectan a la nación, como la venida creciente de los actos de criminalidad que buscan desestabilizar el orden interno”. Entonces, esta medida criticada por especialistas y ciudadanos en general, asegura que resulta “urgente y necesaria para restablecer el derecho fundamental a la paz social de la ciudadanía en su conjunto”.
“Todo ello dentro del estricto cumplimiento del respeto, ponderación de derechos fundamentales, así como los principios de legalidad, debido proceso, proporcionalidad y el uso de la fuerza, lo que garantiza que el Estado peruano cumpla con los estándares de protección a la ciudadanía, pero con la firmeza que la situación demanda”, subrayó.
Sobre la inseguridad ciudadana
Albujar Velásquez afirmó que el Estado peruano comprende “profundamente las razones que motivan esta audiencia”, ya que el “crimen organizado es un fenómeno que erosiona la gobernabilidad de nuestros países y afecta de manera directa la vida de miles de ciudadanos”.
“Las organizaciones civiles y de transportistas que hoy nos acompañan dan testimonio de esa realidad. El incremento de las extorsiones, la violencia y las amenazas que ponen en riesgo su integridad, su sustento y la tranquilidad de sus comunidades”, dijo el representante.
El vocero insistió en que son conscientes de la intensidad de la lucha y que, por ello, el gobierno de José Jerí está orientando esfuerzos y recursos para prevenir, enfrentar, sancionar eficazmente todas las formas de criminalidad. “Este espacio es fundamental y propositivo, pues nos permitirá esclarecer y escuchar con miras a avanzar hacia respuestas más integrales, humanas y coordinadas”, acotó.
