En una audiencia pública convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la comisionada Andrea Pochak lanzó una advertencia contundente: Perú representa el ejemplo más evidente en la región de cómo las políticas de seguridad que no respetan los derechos humanos no solo vulneran garantías fundamentales, sino que además fracasan en su objetivo de reducir el crimen organizado.
Sus declaraciones se dieron en un espacio donde participaron el Estado peruano y organizaciones sociales, empresariales, indígenas y feministas para exponer el avance del crimen organizado en el país.
Pochak afirmó que los derechos humanos no constituyen un obstáculo para enfrentar la delincuencia, sino todo lo contrario: son un requisito fundamental para que las políticas de seguridad ciudadana sean realmente efectivas.
“Cuando no se respetan los estándares de derechos humanos, no solamente se violan derechos, sino que las políticas son inefectivas”, expresó.
Un diálogo que “no está fluyendo” en el Perú
Durante su intervención, la comisionada agradeció a las organizaciones por solicitar la audiencia y enfatizó que la amplitud de actores involucrados —desde sindicatos hasta colectivos empresariales— evidencia que en el país existe un diálogo debilitado entre la sociedad civil y el Estado.
Según señaló, el rol de la CIDH es subsidiario y busca facilitar un espacio de encuentro que, a nivel nacional, no está funcionando adecuadamente: “Si el diálogo estuviera fluyendo como corresponde, las organizaciones no harían este esfuerzo para venir ante la Comisión. Bienvenida esta audiencia que permite visibilizar lo que ocurre en Perú”.
“Las muertes siguen creciendo, la extorsión sigue creciendo”
La comisionada fue clara al rechazar medidas como el aumento indiscriminado de penas, la amenaza de pena de muerte o la imposición de estados de sitio como eje central de la política pública.
“Estas políticas han fracasado en Perú y en muchísimos países”, señaló. Para la CIDH, la única vía efectiva es una estrategia integral, preventiva, participativa y respetuosa de los derechos humanos, que incluya prevención, participación ciudadana, protección a grupos vulnerables y sistemas de justicia capaces de perseguir a los eslabones altos de las cadenas criminales, no solo a los más vulnerables.
“Perú es un ejemplo clarísimo de que cuando no se respetan los estándares de derechos humanos, esas políticas son inefectivas porque la extorsión sigue creciendo, las muertes siguen creciendo y la violencia sigue aumentando”, afirmó.
La CIDH prepara una nueva resolución sobre crimen organizado
Durante la audiencia, Pochak informó que la Comisión Interamericana se encuentra elaborando una nueva resolución dedicada al vínculo entre crimen organizado y derechos humanos. Destacó que los aportes recibidos en la audiencia “sumarán insumos cruciales para el trabajo del organismo” y permitirán fortalecer estándares regionales.
En esa línea, preguntó al Estado peruano por las medidas de prevención que está implementando, cómo estas involucran a la sociedad y cuáles son los espacios de participación ciudadana existentes en territorios afectados por la violencia. Interrogó también por las políticas dirigidas a la niñez, las mujeres y las comunidades indígenas, subrayando la necesidad de estrategias focalizadas y sostenidas en diagnósticos locales.
La audiencia dejó en evidencia que el país atraviesa una crisis profunda en materia de seguridad ciudadana y que las medidas adoptadas hasta ahora no han logrado frenar el avance del crimen organizado.
