Martín Vizcarra enfrentó su última aparición ante el tribunal antes de conocer el veredicto del caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, un proceso que podría significar una condena de quince años de prisión. A puertas del fallo judicial, el cual se conocerá el miércoles 26 de noviembre a las 9:00 horas, el exmandatario defendió su inocencia y denunció, nuevamente, supuestas irregularidades cometidas por la Fiscalía de la Nación (Ministerio Público).
El juicio contra Vizcarra entró en fase decisiva tras una semana de alegatos finales de todas las partes involucradas, incluidas las empresas ICCGSA y Obrainsa, así como el propio acusado, quien puso énfasis en que, a pesar de haber sido excluidos otros investigados privados poco antes del inicio de la investigación preparatoria, él permaneció como único procesado.
Las últimas palabras de Martín Vizcarra
Inicialmente, Martín Vizcarra aprovechó sus últimas palabras para denunciar el impacto mediático que, a su juicio, ha condicionado su imagen pública y la percepción sobre el caso: “Periódicamente, he estado sujeto a un cuestionamiento de diversos medios de comunicación que atribuían los supuestos delitos que hablaba el Ministerio Público como hechos reales. […] Yo ya he sido castigado por actos que no respetan los propios principios del Ministerio Público.”.
Reiteró que su postura desde el inicio del proceso fue enfrentar la justicia sin evadir responsabilidades, descartando cualquier intento de huida o solicitud de asilo diplomático, como llegó a rumorearse. “Aquí estoy, en carne y hueso. No soy un holograma. Estoy presente y estaré cuando ustedes determinen, señores jueces, para escuchar la sentencia”, enfatizó.
Señaló que el Ministerio Público, a lo largo de su investigación, habría vulnerado principios fundamentales como la veracidad, objetividad, transparencia y reserva. Agregó que la investigación se filtró de manera irregular a la prensa justo después de haber sido iniciada, lo que precipitó su destitución presidencial y manchó su reputación sin haberse prueba definitiva en su contra: “[La Fiscalía] Me bajó de presidente con supuestos delitos que después dijo: ‘Ups, me equivoqué. No son tales’”.
Al abordar los hechos específicos, argumentó que los cargos de corrupción no se sustentan con pruebas materiales. Sostuvo que su presencia física en Moquegua quedó plenamente acreditada durante los días en que supuestamente coordinaba ilícitos en Lima, rechazando cualquier capacidad de ubicuidad. Además, calificó de falsas las versiones que mencionan la entrega de dinero en oficinas de empresas constructoras; señaló la carencia total de registros, evidencia o testigos que corroboren tales hechos.
También cuestionó el trato desigual que, según su versión, han recibido las empresas ICCGSA y Obrainsa frente a la justicia peruana. Hizo referencia a la existencia de más de 112 licitaciones adulteradas descubiertas por la Fiscalía, con un perjuicio estimado en 1.318 millones de soles para el Estado, donde las compañías involucradas no recibieron sanción privativa de libertad ni devolución del daño completo.
“Se cobraron los 1.318 millones de soles las dos empresas, sus dueños, colaboradores eficaces, ni un día de cárcel”, puntualizó, y preguntó al tribunal: “¿Quiénes son realmente los delincuentes, los que han hecho un festín con el dinero del Estado y que ahora no tienen absolutamente ninguna responsabilidad ni tienen ningún pago por hacer con la justicia? Por eso es que estamos aquí y estaremos aquí presentes cuando usted lo determine, doctora”.
“Detrás de mí está una familia, tengo una esposa, tengo cuatro hijos, tengo tres hermanos. Tengo familiares que sienten y les duele cada mentira que ven en los titulares”, mencionó y sumó el apoyo de quienes —según manifestó— creen en su honestidad y sufren la exposición pública y las consecuencias derivadas del proceso penal.
Como parte del cierre, el expresidente se mostró confiado en el sistema de justicia, pese a las críticas por el manejo de la investigación. Expresó que el deseo personal y de su entorno es la búsqueda de justicia real basada en evidencia y respeto de los derechos fundamentales: “Estoy confiado y seguro de mi inocencia. Pero igual ustedes evaluarán todo lo actuado y lo que digan estaré aquí el día de la sentencia para acatar lo que ustedes decidan. Confío en que ustedes, en base a la verdad, van a impartir justicia, y la justicia que ustedes impartan, yo la voy a respetar”, concluyó.
¿De qué se acusa a Martín Vizcarra?
El Ministerio Público acusa al exgobernador regional de Moquegua de recibir S/ 2,3 millones en sobornos provenientes de las empresas Obrainsa e ICCGSA, a cambio de favorecerlas en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Según la tesis fiscal, la gestión de Vizcarra habría permitido ajustes y acuerdos irregulares que derivaron en el pago ilegal de dichos fondos, a través de maniobras pactadas desde noviembre de 2013. Retiros de dinero se habrían materializado en dos partes: 400.000 soles en enero de 2014 y 600.000 soles en abril de ese mismo año.
Durante el proceso oral, la defensa de Vizcarra calificó la acusación fiscal como carente de pruebas materiales y fundamentada en testimonios no corroborados. El exmandatario cuestionó de forma pública la conducta del fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, quien solicitó la condena máxima de quince años e impulsó tres pedidos de prisión preventiva bajo el argumento de presunto riesgo de fuga.
