Durante años, distintas zonas del Perú han convivido con el problema crónico del arrojo de basura en ríos y quebradas, una práctica que no solo deteriora los ecosistemas, sino que también aumenta el riesgo de desbordes durante temporadas de lluvias intensas. En este contexto, el Congreso de la República aprobó una reforma al Código Penal destinada a frenar el uso ilegal de los ríos como botaderos y proteger las zonas más vulnerables del país frente a fenómenos climáticos cada vez más intensos.
La medida, impulsada por la congresista Norma Yarrow, propone penas que van desde los 2 hasta 6 años de cárcel, dependiendo del nivel del daño y del uso de maquinaria pesada. La iniciativa se sostiene en informes técnicos y advertencias de instituciones como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que han alertado sobre la acumulación de desmontes, residuos y desperdicios que reducen significativamente el flujo de ríos como el Rímac, el Chillón y el Lurín, incrementando el peligro para miles de familias.
Congreso endurece penas por arrojar residuos sólidos a ríos y quebradas
El Pleno aprobó esta modificación al Código Penal en primera votación con 100 votos a favor, cero en contra y una abstención, incorporando los artículos 125-A.1 y 125-A.2. La norma establece que cualquier persona que exponga a otros al peligro de muerte o a un daño grave a la salud por arrojar residuos sólidos en el cauce, lecho, ribera o faja marginal de ríos y quebradas enfrentará una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.
La situación se agrava cuando se emplean camiones u otro tipo de maquinaria pesada para depositar los residuos, o cuando estas acciones causan daños a obras de infraestructura pública. En esos casos, la sanción puede aumentar hasta los seis años de prisión. Según lo expuesto por Yarrow, la intención principal es establecer responsabilidad penal directa para quienes contribuyen al bloqueo de los cauces naturales.
La congresista recordó que, durante temporadas asociadas al Fenómeno El Niño, las lluvias torrenciales suelen desbordar los ríos que ya se encuentran cargados de desperdicios. Esto genera escenarios de alto riesgo para las poblaciones ribereñas, además de obligar al Estado a asumir gastos adicionales en limpieza, rehabilitación y atención de emergencias.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Justicia, Flavio Cruz, destacó que los informes técnicos revelan que en algunos sectores el cauce natural se ha reducido hasta en 150 metros, lo que incrementa el impacto de los huaicos y desbordes. Por su parte, el congresista Alejandro Cavero resaltó que el arrojo indiscriminado de basura constituye un acto que pone en riesgo la vida de miles de personas, por lo que respaldó la tipificación penal.
La contaminación de los ríos en el país: más de 100 cuencas afectadas y miles de focos críticos
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha documentado desde hace varios años que la mayoría de ríos del país presentan altos niveles de coliformes fecales y metales pesados, situación registrada en 129 de las 159 cuencas estudiadas en 2016. Estos resultados evidenciaron que todas las fuentes analizadas estaban comprometidas, afectando la salud pública, la agricultura y los ecosistemas.
Según los reportes técnicos, la degradación de la calidad del agua proviene, principalmente, del vertimiento de aguas residuales domésticas, del depósito de residuos sólidos en las riberas y de la contaminación generada por la actividad minera en cabeceras de cuenca, una de las fuentes más persistentes y difíciles de controlar.
El mismo estudio de la ANA identificó 2.658 focos de contaminación distribuidos en diferentes regiones: más de 1.200 correspondían a descargas de aguas residuales municipales; alrededor de 680 estaban vinculados a pasivos ambientales mineros; y más de 370 estaban asociados a la acumulación de residuos sólidos. Con el paso de los años, esta situación ha escalado.
Si en 2014 los ríos más afectados se extendían por 12 regiones, hoy la contaminación abarca prácticamente todo el territorio, con más de 100 ríos impactados por actividades humanas. Entre ellos figuran el Apurímac, el Santa, el Chira, el Moche, el Nanay, el Huallaga, el Rímac, el Chillón, el Madre de Dios y el Huancané, todos con presencia de elementos como arsénico, mercurio, plomo, cadmio, manganeso, cobre y otros metales tóxicos.
Incluso en ciudades grandes, como la capital, la situación es crítica: el río Rímac, principal fuente de abastecimiento de agua potable para Lima, ha presentado entre 2010 y 2022 repetidas superaciones de los límites de coliformes fecales, arsénico y manganeso, pese a ser un recurso estratégico para millones de personas.
