La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el informe final que propone inhabilitar durante 10 años para ejercer funciones públicas a los exfiscales de la Nación Juan Carlos Villena Campana, Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera y Delia Espinoza Valenzuela. La medida recae en el informe final de la Denuncia Constitucional 528.
Durante una sesión extraordinaria encabezada por la legisladora de Alianza para el Progreso, Lady Camones, el informe recibió nueve votos a favor, dos votos en contra y dos abstenciones. La ponencia, que estuvo a cargo del parlamentario de Honor y Democracia, Jorge Montoya Manrique, propone acusar a los involucrados por la presunta comisión de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato y como posibles instigadores del delito de usurpación de funciones.
La acusación se fundamenta en la emisión de la Resolución 2246-2024, del 14 de octubre del 2024. En este documento se aprobó un reglamento que, según la denuncia, habría trasgredido la Ley 32130 y el Decreto Legislativo 957, ligados al rol de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la celeridad en procesos penales. El argumento plantea que al emitir dicha resolución, los fiscales supremos habrían incurrido en usurpación de funciones policiales.
La Denuncia Constitucional 528 fue presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), José Cueto Aservi (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín Loayza (Somos Perú).
“Se atribuye a los fiscales que, mediante la Resolución 2246-2024, aprobaron normativas incompatibles con la Ley 32130 que modifica el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación de la Policía Nacional del Perú”, explica el documento.
La decisión de la SAC se da en medio de disputas dentro del Ministerio Público. La fiscal suprema Delia Espinoza envió una carta al fiscal de la Nación interino, Tomás Galvez, donde lo exhorta a cumplir la resolución judicial para que proceda a entregarle nuevamente el cargo, nombre una comisión de transferencia y suspenda todas las gestiones institucionales que viene realizando.
“Dada la proximidad del término de su interinato, corresponde suspender las gestiones institucionales propias del Fiscal de la Nación, las que serán retomadas por la suscrita en mi calidad de titular legítima en dicho cargo”, se lee en la misiva.
Admisión de otras denuncias constitucionales
Durante la sesión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también admitió a trámite la Denuncia Constitucional 645, formulada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y los exministros José Gavidia Arrascue y Dimitri Senmache Artola. La denuncia los vincula con la posible comisión del delito de negociación incompatible, relacionado con la designación de miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar Policial. Los integrantes habrían ocupado sus cargos sin la evaluación de méritos exigida ni propuesta previa del fuero Policial Militar.
Por otra parte, la SAC rechazó la Denuncia Constitucional 623 presentada contra once legisladores de diferentes bancadas. Dicha denuncia les atribuía presuntas infracciones constitucionales y delitos como encubrimiento personal y obstrucción a la justicia. En total, nueve votaron a favor, tres en contra y una abstención.
Otro punto importante abordado en la sesión fue sobre la Denuncia Constitucional 331 al congresista Elvis Vergara Mendoza. Esta investigación involucra al exministro Pedro Francke Ballvé y la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez Chuquilín. La denuncia, presentada por la parlamentaria Patricia Chirinos Venegas (Renovación Popular), trata sobre la supuesta infracción a los artículos 38, 39 y 126 de la Carta Magna y la posible comisión de patrocinio ilegal.
