El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Juan Carlos Liendo, advirtió que la decisión del Ministerio del Interior (Mininter) para que el 50 % de la Policía Nacional del Perú actúe de civil representa una medida temporal y de impacto limitado en la lucha contra el crimen organizado. Liendo expresó que el despliegue masivo de policías vestidos de calle podrá tener efectos durante las primeras 48 a 72 horas, pero no constituye una estrategia sostenible para resolver el problema estructural de la criminalidad en el país.
Durante una entrevista a Canal N, Liendo observó que las acciones aisladas del Mininter se han convertido en respuestas de corto plazo que eluden la reestructuración profunda y multisectorial que demanda la problemática de la seguridad nacional. Remarcó que la fragmentación y personalización de las decisiones sobre seguridad han generado respuestas reactivo-institucionales en vez de abordar integralmente el fenómeno de la criminalidad organizada.
El exjefe de la DINI alertó que el concepto original de seguridad en Perú se ha desdibujado desde hace décadas. Subrayó que el Estado ha volcado la responsabilidad en una sola institución, la Policía Nacional, dejando de articular políticas con otros sectores y renunciando a una perspectiva integral. “El crimen organizado necesita respuesta nacional, no solo policial. Las decisiones deben sustentarse en una visión estructural y coordinada, no en mecanismos coyunturales”, sostuvo.
Liendo también criticó la persistencia indefinida de los estados de emergencia, considerando que han perdido su carácter de excepción y han pasado a funcionar como respuestas ordinarias que, según dijo, ya no se justifican. “El estado de emergencia dejó de ser excepcional para convertirse en una salida permanente, lo que desnaturaliza su uso y deja sin efecto su función constitucional”, indicó.
Consejo de Seguridad y Defensa Nacional
A criterio de Liendo, mientras el alto mando policial no logre demostrar resultados efectivos y el accionar estatal continúe con una lógica puramente reactiva, el crimen organizado persistirá con fuerza. En este marco, planteó que la única solución viable e institucional pasa por la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Esta entidad, explicó, permitiría trazar directivas claras y asignar responsabilidades jurídicas y operativas, dejando atrás la improvisación.
“El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es el único ámbito legal que puede definir estrategias de seguridad nacional para enfrentar el crimen organizado, como ocurre en países como Ecuador o Estados Unidos”, expuso. Destacó que esos modelos apuestan por un enfoque integral y coordinado.
Respecto a las razones que impiden la convocatoria al Consejo, Liendo identificó el desconocimiento de los actores políticos y la negativa a asumir responsabilidades legales como factores principales. Agregó que la repetición de los estados de emergencia a menudo está asociada a la disponibilidad de presupuestos millonarios con controles insuficientes, lo que facilita su uso reiterado por parte de algunas áreas estatales.
Hacia el cierre, Liendo llamó a la ciudadanía a exigir a los próximos representantes políticos un compromiso concreto con el fortalecimiento institucional y la definición de una verdadera estrategia nacional para enfrentar el crimen organizado. “Urge vincular las elecciones a una demanda de reforma de fondo, no solo de cambios operativos”, puntualizó.
