El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, actualmente prófugo de la justicia y con una orden de prisión preventiva vigente por presunta organización criminal y lavado de activos, ha planteado públicamente la posibilidad de operar gratuitamente al suboficial PNP Roger Quispe Aranda, de 25 años, quien sufrió un grave traumatismo craneano al caer del cuarto piso de la comisaría de Pamplona II. Sin embargo, Cerrón condicionó su intervención médica a que se modifique su actual situación judicial.
Cerrón Rojas, quien también es neurocirujano, declaró que el cuadro del policía “no sería irreversible” y que, mediante una plastia craneal y una rehabilitación prolongada, Quispe podría recuperar la mayoría de funciones neurológicas en un proceso que estima podría extenderse hasta cinco años.
En sus publicaciones hechas en redes sociales, aseguró: “No hay daño cerebral irreversible. Lo opero gratuitamente si cambian mi condición judicial”. De acuerdo con su versión, la edad del paciente sería clave para el éxito, y remarcó que el trabajo de rehabilitación y estimulación profesional podría devolverle la autonomía en sus funciones motoras y cognitivas.
Según la información recopilada por Cuarto Poder, la familia del suboficial asumió en solitario el tratamiento en un primer momento. Por ello, Cerrón propuso, además, que si la evolución no fuera favorable con la atención local, se explore la posibilidad de atención en el Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN), en La Habana.
Buscando llamar la atención y aprobación de la ciudadanía, el prófugo líder de Perú Libre destacó su trayectoria médica y su experiencia en casos similares: “He operado cientos de pacientes en situaciones extremadamente críticas. Este es uno de los casos [parecido al del policía], con estallamiento de la bóveda craneal, que tuvo que ser operado cinco veces hace muchos años y ahora goza de una salud envidiable”.
El pronunciamiento de Cerrón, que condiciona la atención médica a beneficios judiciales en el contexto de su aspiración presidencial para las Elecciones 2026, ha generado polémica al poner la salud de un agente policial herido en el centro de una controversia judicial y mediática usada para fines electorales.
Mininter asumirá gastos médicos de suboficial
El caso del suboficial Roger Quispe Aranda, quien permanece postrado con daño cerebral severo tras caer desde una ventana mientras cumplía funciones en la comisaría de Pamplona Alta II, ha motivado diversas respuestas institucionales y un firme reclamo de su familia.
Por disposición del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se ha ordenado la implementación de atención médica especializada y acompañamiento integral para el suboficial. El ministro encargó a la Defensoría del Policía realizar un seguimiento no solo clínico, sino también legal y social, a fin de asegurar que tanto el efectivo como su familia reciban el esperado respaldo institucional.
Como parte de las primeras acciones, el suboficial Quispe Aranda fue trasladado al Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz para recibir tratamiento especializado. Con la Dirección de Sanidad Policial (Dirsapol), se coordinó un traslado en ambulancia equipada y se gestiona la adquisición de la placa de titanio indispensable para su recuperación. Asimismo, el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SaludPol) ha iniciado acciones para garantizar una atención adecuada y oportuna, abriendo la posibilidad incluso de articular con clínicas privadas si las circunstancias lo requieren.
El ministro Tiburcio también se comunicó directamente con el padre del suboficial, ofreciéndole todos los canales de apoyo disponibles en el sector Interior ante la difícil situación que atraviesan. A la par, se han activado procedimientos administrativos y disciplinarios para esclarecer objetivamente las circunstancias del accidente y garantizar la transparencia.
Por su parte, la familia de Quispe ha solicitado enfáticamente que se sancione a la capitana Lisette Quispe, acusada de haber impartido una orden ajena a la función policial que derivó en el accidente. Tal como expuso el director del Instituto de Defensa Legal Policial, Jesús Poma, la orden de tareas de limpieza contradice directivas explícitas de la PNP, que prohíben asignar labores no contempladas en la función policial. Poma señaló que existen sanciones administrativas y penales que deben considerarse y criticó la falta de respuestas oficiales tras la difusión del caso.
La capitana implicada afronta una denuncia penal por abuso de autoridad y lesiones graves, mientras se mantiene de vacaciones y sostiene que el caso está bajo investigación. Nueve agentes han descartado que la acción del suboficial haya sido voluntaria.
