El director ejecutivo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), organismo adscrito al Ministerio de Educación (MINEDU), Raúl Luis Felipe Noblecilla Pascual, enfrenta una acusación por parte de su exesposa, Sandra Del Pilar Gálvez-Buccollini Abanto, quien formalizó una denuncia en su contra por violencia psicológica.
El caso quedó registrado en la comisaría de San Borja el 6 de marzo de este año 2025, luego de que la denunciante presentara pruebas de amenazas consistentes en advertencias sobre una posible siembra de droga y la presencia de personas enviadas para agredirla sexualmente.
PRONIED: director enfrenta medidas judiciales por denuncia de violencia psicológica
Según detalló la denunciante en su declaración ante la Policía Nacional, la situación tuvo origen durante una conversación telefónica mantenida en el domicilio de Gálvez-Buccollini. Tras esta llamada, recibió mensajes adicionales por WhatsApp con similares advertencias, en los cuales el funcionario exigió que ella no acudiera a su centro de labores.
Gálvez-Buccollini aseguró que el objetivo de las amenazas era evitar el reclamo por el pago de la pensión alimentaria que corresponde a su hijo, responsabilidad que, afirma, Noblecilla Pascual no ha cumplido desde la separación. La denuncia en cuestión sindica:
“En circunstancias que se encontraba en su domicilio, recibió una llamada telefónica, número que refiere la denunciante pertenece al Sr. Raúl Luis Felipe Noblecilla Pascual, en el cual le dice que el INPE le sembrará droga, que la mandaría a violar, entre otras cosas. Posteriormente recibió mensajes de WhatsApp del mismo número, en el cual el denunciado le dice que no se le acerque, que no vaya a su trabajo porque no quiere tener problemas. Indica la denunciante que el denunciado lo hace porque le debe dinero ya que nunca le depositó la manutención de su hijo y que, si intentaba acercarse, se inventaría historias que la puedan perjudicar. Asimismo, agrega la denunciante que el denunciado le envió esos mensajes ya que sabe que se encuentra mal de salud, y estos actos la perjudican, que incluso llamaría a la Policía para que la saquen a ella y a su hijo. Es todo lo que denuncia ante la PNP para los fines del caso".
Exesposa de director de PRONIED denuncia amenazas y hostigamiento
La entidad en cuestión, PRONIED, gestiona fondos superiores a 1.011 millones de soles destinados a infraestructura educativa en todo el territorio. Noblecilla Pascual ocupa la máxima autoridad en este programa, dependiente del MINEDU. De acuerdo con el acta policial, la denunciante también declaró que padece un cuadro de salud delicado y que tanto ella como su hijo han sido objeto de presiones para abandonar la vivienda familiar debido a los reclamos sobre la pensión.
En el desarrollo del proceso judicial, la magistrada Rosa Yanina Solano Jaime, titular del 11° Juzgado de Familia, determinó la aplicación de medidas de protección a favor de Gálvez-Buccollini y su hijo. El fallo obliga a Noblecilla Pascual a abstenerse de cualquier tipo de amenaza y a mantener distancia física respecto de su exesposa, mientras se instruye la asignación semanal de custodia policial para la protección de la denunciante.
Raúl Noblecilla obligado a terapia y alejamiento por orden judicial
La resolución judicial también exige al titular del PRONIED acudir a sesiones de terapia psicológica en un establecimiento de salud mental próximo a su domicilio. Además, se le indica cumplir de forma estricta con todas las directrices impuestas por el juzgado, bajo advertencia de incurrir en delitos adicionales por desobediencia o resistencia a la autoridad si no acata lo dictado.
A pesar de la gravedad de los hechos recogidos en la denuncia, el denunciado interpuso un recurso de apelación ante la instancia judicial y solicitó que se archive la acusación basándose en la inexistencia de delito. Este pedido fue desestimado, y las medidas restrictivas se encuentran vigentes, según los documentos judiciales recogidos por Infobae Perú.
MINEDU guarda silencio ante proceso judicial contra jefe de PRONIED
El marco normativo peruano tipifica los delitos de violencia contra la mujer como conductas pasibles de condenas que pueden alcanzar hasta tres años de prisión suspendida e inhabilitación de funciones en la administración pública, sanciones que afectarían la situación laboral de Noblecilla Pascual al frente del organismo encargado de la infraestructura educativa pública.
La jueza argumentó que la integridad y el bienestar de la denunciante y su hijo requieren especial protección, dada la naturaleza de las amenazas y el contexto de litigio familiar. Documentos policiales y judiciales a los que tuvo acceso Infobae Perú respaldan, según la letrada, la versión de Gálvez-Buccollini sobre el origen de las advertencias y las acciones posteriores del funcionario, así como la vigencia de las medidas de alejamiento y vigilancia.
Mientras tanto, el MINEDU no ha emitido posicionamiento público respecto de la situación judicial de su funcionario, cuya permanencia en el cargo depende, entre otros factores, del avance del proceso y de la posible aplicación de la legislación vigente sobre servidores públicos involucrados en procedimientos judiciales por violencia familiar.
