El Congreso de la República aprobó un dictamen que amplía los beneficios de protección estatal para los hijos de transportistas asesinados mientras cumplían sus funciones. La medida, impulsada por la Comisión de Mujer y Familia, surge en un contexto de extrema violencia contra los choferes del transporte público, golpeados por el crimen organizado y las extorsiones que este año han dejado cifras récord.
La propuesta forma parte del Proyecto de Ley N.º 12602/2025-CR, presentado por la congresista Ruth Luque Ibarra (JP), y modifica la Ley N.º 31405 para garantizar una pensión de orfandad y asistencia integral a los menores que perdieron a su madre o padre mientras trabajaban como transportistas.
¿Qué plantea exactamente el dictamen aprobado?
El proyecto aprobado establece que los hijos de transportistas asesinados recibirán una pensión de orfandad hasta los 18 años, y hasta los 24 en caso de que cursen estudios superiores o técnicos. El objetivo es asegurar su bienestar, desarrollo integral y continuidad educativa, ante la situación de desamparo económico que enfrentan tras la muerte de su principal sostén familiar.
Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, Milagros Jáuregui de Aguayo (RP), destacó la urgencia de la medida. “El Estado no puede mantenerse indiferente ante este dolor ni ante las consecuencias sociales de la violencia; detrás de cada víctima hay familias desamparadas”, expresó.
Violencia contra transportistas
El dictamen se aprueba en un contexto alarmante. En lo que va del 2025, hasta el 9 de noviembre, 56 conductores han sido asesinados en Lima Metropolitana y Callao, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Las cifras revelan que, en promedio, cada ocho horas un chofer pierde la vida a manos de sicarios.
Brenda Belleza, gerente del Observatorio, advirtió que el 80% de los crímenes siguen el mismo patrón: dos atacantes en moto lineal, disparos a quemarropa y fuga inmediata. Los asesinatos se han concentrado en distritos como San Juan de Miraflores, Bellavista y San Martín de Porres.
A ello se suma el incremento explosivo de las extorsiones: entre enero y septiembre se registraron más de 30 mil denuncias en todo el país, una cifra que podría romper récord al cierre del año.
Otras iniciativas aprobadas en la comisión
La Comisión de Mujer y Familia también aprobó por unanimidad otros dictámenes relacionados con la protección de poblaciones vulnerables:
- Proyecto de Ley N.º 11842/2024-CR, de la congresista Jéssica Córdova (RP), que endurece las sanciones penales por exposición o abandono en situación de peligro de niños, adolescentes y personas dependientes.
- Predictamen conjunto de los Proyectos N.º 11635/2024-CR y N.º 13074/2025-CR, impulsado por los congresistas Katy Ugarte y Edgard Reymundo, que amplía la definición de desplazados internos para incluir a personas afectadas por desastres naturales, emergencias o eventos provocados por acción humana.
- Proyecto de Ley N.º 11342/2024-CR, de la congresista Vivian Olivos, que fortalece la actuación inmediata de la prueba anticipada en casos de trata de personas y delitos sexuales contra menores, para evitar la revictimización y agilizar los procesos judiciales.
Un paso legislativo en medio de una crisis sin freno
El dictamen ahora deberá pasar al Pleno para su debate final. Gremios del transporte han señalado que este es un avance necesario, pero insuficiente, y han exigido medidas contundentes para detener las extorsiones y asesinatos que afectan a miles de familias.
Mientras tanto, los hijos de los conductores asesinados esperan que la norma se convierta en ley para acceder a un apoyo que, hasta hoy, no estaba garantizado pese a la magnitud de la violencia en el sector.
