Un sujeto implicado en extorsión fue capturado el último jueves en la Iglesia Misión Camino Verdad Nueva Vida de Trujillo (La Libertad) —la tercera ciudad del país por población—, durante un operativo encubierto ejecutado por la Policía Nacional (PNP).
César Pedrosa, apodado ‘Pequeño César’, había aceptado dos mil soles de su víctima mientras uno de los agentes seguía de cerca la transacción, de acuerdo con información difundida por el programa Aliados por la seguridad de TVPerú. El operativo ocurrió en plena ceremonia religiosa.
La investigación se activó luego de que la mujer denunciara amenazas contra su vida y la de su hijo a través de una red social, en las que se le exigía un monto total de diez mil soles. Un efectivo encubierto documentó la entrega de un sobre en el que se encontraba parte del dinero.
Junto a Pedrosa fue detenida Kareli Sequera, conocida como ‘Tía Karelis’, señalada como presunta cómplice, quien intentó frustrar la captura improvisando un acto de exorcismo. “El Señor te reprenda, Satanás. En el nombre de Jesús, suéltalo”, se le escucha decir mientras era reducida.
Según el programa, los agentes incautaron dos teléfonos móviles, una tarjeta bancaria y el sobre con el dinero, presentado como prueba. Ambos sospechosos, quienes enfrentan cargos por extorsión agravada, fueron trasladados a la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri).
Ante la difusión del reportaje, la iglesia emitió un comunicado negando cualquier vínculo con organizaciones criminales: “No somos una base de extorsionadores, somos una misión que trabaja por restaurar a la familia, por servir al necesitado y por mostrar el amor de Dios”, declaró su Departamento de Medios.
La iglesia, que posee Registro Único de Contribuyentes (RUC) para personas jurídicas o empresas, añadió que durante 18 años “ha dedicado todos sus esfuerzos a predicar el evangelio de Jesucristo” en esta ciudad.
Trujillo es, según el Gobierno, la ciudad donde la criminalidad organizada comenzó a expandirse en Perú hace algunos años, “sin recibir entonces la atención necesaria”. El primer ministro Ernesto Álvarez ha afirmado que actualmente cuatro de cada diez peruanos han sido víctimas de extorsión, cifra que refleja el avance de la delincuencia en el país.
Medidas
Álvarez destacó que este problema ha alcanzado incluso a Lima y a todos los estratos sociales y señaló que la meta del Gobierno es “revertir esta ola de criminalidad de manera efectiva”, para dejar de aplicar restricciones a derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito, limitaciones impuestas por la actual declaratoria de emergencia.
El presidente interino, José Jerí, firmó esta semana una ley orientada a combatir la criminalidad en el transporte urbano, la cual establece el congelamiento de cuentas usadas para la extorsión de transportistas y permite el seguimiento de empresas sospechosas de recibir sobornos.
La norma, además, prevé la intervención policial y fiscal en rutas amenazadas, la creación de un registro nacional de empresas de transporte vulnerables y medidas adicionales en Lima y Callao bajo el estado de emergencia. Jerí reconoció que la ley sola no basta, pero manifestó que su administración tiene la determinación de cumplir “los compromisos asumidos frente a estos desafíos”.
