La crisis institucional en el Ministerio Público sumó un nuevo episodio tras la divulgación del audio de una reunión entre presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales, donde se discutió la urgencia del pedido de elección extraordinaria de Fiscal de la Nación. En la grabación a la que accedió Infobae Perú se menciona expresamente la necesidad de que se asegure la homologación de las remuneraciones, específicamente el bono aprobado por el Congreso (Ley 32432).
Luego de leer el documento propuesto para enviar al fiscal Tomás Gálvez, el expositor defiende que “para tener una sostenibilidad, se requiere un pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos” y matiza que la posición “no está ni a favor ni en contra de nadie”.
“El día de hoy [tenemos] un fiscal de la Nación que está coordinando con el presidente de la República, con el Legislativo, Presupuesto, entre otros, políticas para combatir la inseguridad ciudadana con otros estamentos del Estado, y mañana tenemos otro fiscal de la Nación que va a retornar por temas propiamente procesales”, se escucha en otro extracto de la grabación.
Posteriormente, la discusión evoluciona hacia la materialidad de los reclamos presupuestales: “Hasta el 30 de noviembre tenemos plazo para que se nos incorpore el presupuesto adicional de la homologación, así como están ganando los colegas, los señores jueces, y también como ya lo sustentó nuestro fiscal de la Nación ante la Comisión de Presupuesto, el tema del bono de alta función jurisdiccional o por alta función que nos falta, que se tiene que incorporar en este presupuesto”.
Fuentes consultadas por Infobae resaltaron que el trasfondo financiero suma presión política y administrativa en plena pugna por la conducción del despacho superior fiscal, dado que consideran que Gálvez tiene mayor posibilidad de conseguir el presupuesto necesario para la aplicación de la bonificación adicional establecida por la Ley 32432, promulgada para equiparar los beneficios económicos de los fiscales titulares del Ministerio Público con los jueces titulares del Poder Judicial.
Si bien la Junta de Fiscales Supremos, de acuerdo al artículo 158 de la Constitución Política del Perú, tiene la potestad de designar al titular del Ministerio Público, no puede dejar sin efecto un mandato. “Hacerlo sería infracción constitucional. Por ello llama la atención que se pida la revisión extraordinaria de la elección del fiscal de la Nación, dice uno de sus integrantes consultados.
El interinato del despacho de la Fiscalía de la Nación no es una situación nueva. Sucedió en 2014 cuando el Consejo Nacional de la Magistratura destituyó a Carlos Ramos Heredia y tuvo que asumir Pablo Sánchez hasta que se elija un nuevo fiscal de la Nación titular. Luego, en 2023, cuando la anterior JNJ suspendió a Patricia Benavides por el caso Valkiria y, nuevamente tuvo que asumir Sánchez, aunque declinó para que asuma Juan Carlos Villena.
En ambos casos, la Junta de Fiscales Supremos esperó hasta que la Judicatura ratifique las destituciones de Ramos y Benavides para elegir un nuevo fiscal de la Nación.
Disputa por la titularidad del Ministerio Público
En los últimos días, la magistrada Delia Espinoza exigió formalmente su reposición como Fiscal de la Nación titular, invocando el cumplimiento de una sentencia judicial y pidiendo la transferencia de gestión. Tomás Gálvez, propietario interino del cargo, rechazó lo que calificó como “una indebida interpretación del orden jurídico” y mencionó que solo la Junta Nacional de Justicia puede habilitar formalmente el retorno de Espinoza.
