La avenida Javier Prado se ha convertido en uno de los principales focos de transporte informal en Lima Metropolitana, donde más de mil vehículos no autorizados operan diariamente, según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).
La preocupación tomó protagonismo tras el atentado ocurrido en la cuadra 27 de esta vía, donde un grupo de colectiveros agredió al personal fiscalizador y quemó una miniván intervenida, hecho que subraya la magnitud de este fenómeno en la capital.
El reciente incidente reflejó no solo la capacidad de movilización de los actores informales, sino también el nivel de resistencia al control estatal.
De acuerdo con la ATU, durante la intervención en San Borja, un contingente de siete personas interceptó una grúa de la institución cuando remolcaba una miniván que prestaba servicio informal.
El grupo agredió al conductor de la grúa y al equipo de fiscalización, luego de rociar combustible e incendiar el vehículo en plena Javier Prado, acción que puso en riesgo a transeúntes y provocó congestión vehicular.
Pavel Flores, vocero de la ATU, afirmó en diálogo con Agencia Andina que la Procuraduría de la autoridad presentará una denuncia penal por resistencia a la autoridad, exposición al peligro por incendio o explosión, daño a la propiedad privada y lesiones.
El funcionario precisó que imágenes de cámaras municipales y grabaciones del personal operativo serán entregadas como evidencia al Ministerio Público.
La institución resaltó que estos episodios evidencian la manera en que el transporte informal obstaculiza la labor de los fiscalizadores y la seguridad en el tránsito urbano.
Solo este año se han registrado 300 agresiones a la autoridad por parte de choferes informales en Lima y Callao, lo que motivó a la ATU a reforzar sus operativos con presencia policial.
La miniván intervenida, además, acumulaba setenta y seis infracciones y multas que superaban el millón de soles, carecía del SOAT y del certificado de inspección técnica. La ATU informó que mantendrá su estrategia de intervención en ejes neurálgicos como Javier Prado, Universitaria, Túpac Amaru y Próceres, donde el conteo identificó en un solo día más de mil vehículos informales circulando impunemente.
Estrategia y consecuencias en la principal vía de Lima
El incendio de la miniván provocó la alerta del cuerpo de bomberos, obligando el cierre temporal de carriles en la avenida Javier Prado y el desvío de rutas del Corredor Rojo.
Según testigos, la acción consistió en rociar combustible sobre el vehículo y prenderle fuego, mientras el conductor lograba darse a la fuga.
Las placas y el historial del vehículo reflejan el nivel de reincidencia: el colectivo tenía 76 papeletas de tránsito según la ATU, y otras 17 ante el SAT, lo que elevaba la deuda total a casi un millón trescientos mil soles.
La ATU advirtió sobre el impacto de estos eventos en la seguridad de usuarios y transeúntes. Incidentes similares han retrasado operativos de control e incrementan la percepción de impunidad en corredores urbanos de alta demanda.
Asimismo, el organismo recalcó que solo el apoyo policial permitió evitar consecuencias mayores en la reciente intervención.
Frente a este escenario, la ATU actualiza su protocolo de denuncias y mantiene operativos itinerantes en zonas críticas. El objetivo es disminuir la presencia de vehículos no autorizados y fortalecer las condiciones para el transporte formal en Lima y Callao.
“No toleraremos actos delincuenciales. Las personas que agredieron a nuestros fiscalizadores serán denunciadas penalmente”, comunicó la institución en su canal oficial.
La presencia de más de mil vehículos informales cada día en la avenida Javier Prado confirma la dimensión del reto. Según la ATU, la fiscalización continuará en coordinación con la Policía Nacional del Perú y otras entidades, buscando restaurar el control y la seguridad en una de las principales arterias de la ciudad.
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