El gobierno oficializó una normativa que permite que el serenazgo municipal de todo el país porte y utilice pistolas eléctricas durante sus funciones como medida para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana.
Según lo dispuesto por el Ministerio del Interior (Mininter), esta medida representa la implementación concreta de la Ley N.º 32312, que modificó la Ley del Servicio de Serenazgo Municipal y abrió paso a la regulación del uso de armamento no letal para los agentes municipales.
A través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, la autoridad dispuso que solo los serenos capacitados y autorizados podrán emplear pistolas de electrochoque, sujetándose a controles rigurosos y supervisión institucional.
Además, la norma estipula que el accionar de los serenos armados deberá ser documentado mediante cámaras corporales, un requisito obligatorio que apunta a fortalecer la transparencia y garantizar la protección de los ciudadanos y el personal municipal.
El reglamento establece que la capacitación para los serenos no excederá los 30 días hábiles y que, en un plazo de hasta 90 días hábiles, se deberá implementar las cámaras corporales, las cuales deben grabar audio e imagen de todas las intervenciones.
Alcalde de Lima cuestiona eficacia y tiempos de la reglamentación
En medio del anuncio gubernamental, el alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, expresó su desacuerdo con la efectividad y el calendario planteado por la nueva normativa.
Desde El Agustino, Reggiardo manifestó que considera la norma aprobada como “un saludo a la bandera”, criticando especialmente los plazos de capacitación y la demora en la utilización real de las armas eléctricas y las bodycams en un contexto de emergencia.
El alcalde capitalino explicó ante la prensa que ha solicitado al presidente de la República, José Jerí, una revisión urgente de la norma, señalando que los tiempos de espera resultan excesivos dado el estado de emergencia que vive Lima y Callao.
Reggiardo subrayó que la capital no puede permitirse demoras de 60 o 90 días, pues la inseguridad requiere respuestas inmediatas y un rol más activo por parte de los municipios.
“No podemos esperar más tiempo en una emergencia para poder utilizar las pistolas eléctricas en 90 días”, advirtió el burgomaestre.
Además, el funcionario afirmó que el personal del serenazgo está listo y capacitado para iniciar el uso de los equipos, incluyendo el registro mediante cámaras corporales.
Solicitó que los municipios puedan tener mayor autonomía y protagonismo frente a la criminalidad, en lugar de limitarse a acompañar otras fuerzas estatales.
El alcalde remarcó que la disposición gubernamental “no tiene sentido” si su aplicación práctica solo será posible una vez que concluya el plazo de implementación, lo que podría coincidir con el levantamiento del actual estado de emergencia.
Por ello, reiteró su demanda de medidas inmediatas que permitan a los serenos iniciar un rol activo y efectivo contra la delincuencia bajo condiciones legales y de control que ya estarían listas en la capital.
La controversia sobre la efectividad de la medida y los tiempos previstos mantiene la tensión entre el gobierno central, la Municipalidad de Lima y la población, a la espera de que se definan los detalles pendientes y se autorice finalmente el uso de pistolas eléctricas en el combate a la criminalidad urbana.
