El Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció una huelga nacional indefinida a partir del 13 de noviembre. Ángel Yancari, secretario general del gremio, mencionó que la medida afectará las operaciones en los 69 establecimientos penitenciarios administrados en todo el país.
El representante sindical sostuvo que la protesta no tiene plazo definido y dependerá de la disposición del Estado a atender sus reclamos. Destacó que el sindicato está dispuesto a dialogar y levantar la medida si observan avances reales en alguno de estos puntos.
“Esperamos respuestas en el marco de la reunión convocada por el Ministerio de Trabajo, ya que sabemos que el INPE no dispone del presupuesto para resolver todo esto, pero el Estado sí podría diseñar una solución escalonada o prorrateada”, mencionó el dirigente a RPP Noticias.
¿Qué significa la huelga indefinida del INPE?
En diálogo con RPP, el dirigente mencionó que la huelga nacional indefinida implica la suspensión total de actividades habituales. Es decir, durante el periodo de huelga, los trabajadores cesarán funciones en áreas claves como seguridad, vigilancia interna, atención de internos y trámites administrativos.
Esta situación podría afectar la operatividad regular de los penales, la atención a más de 104 mil personas privadas de libertad y la supervisión de cerca de 102 mil bajo régimen de libertad condicional, según datos proporcionados por el dirigente sindical.
El sindicato recordó que la sobrecarga operativa y el déficit de personal incrementan los riesgos y dificultan el control interno. Según el secretario general, los turnos y permanencia prolongada en un solo penal aumentan la exposición a conductas corruptas, vulnerando la seguridad institucional.
¿Cuáles son las demandas de los trabajadores del INPE?
El pliego de reclamos del sindicato del INPE está conformado por cuatro puntos concretos:
- Reajuste de la remuneración íntegra mensual: Desde la aprobación de la ley del servidor penitenciario, los salarios básicos del personal han permanecido congelados durante más de trece años. “No hemos recibido ningún incremento desde entonces”, afirmó Yancari. El reclamo central es un incremento salarial que reconozca el costo de vida y las funciones de riesgo que cumplen.
- Bonificación por trabajo de alto riesgo: Los trabajadores exigen una nueva bonificación debido al carácter riesgoso de sus actividades. El sindicalista señaló que, pese a la naturaleza peligrosa de la labor penitenciaria, nunca se ha reconocido este componente en la estructura de ingresos del personal.
- Actualización de la bonificación de seguridad y vigilancia: La bonificación por cumplir funciones de seguridad y vigilancia, contemplada en la Ley 29709, tampoco se ha reajustado en más de una década. El sindicato plantea la actualización y pago a valor real de este beneficio, en sintonía con las condiciones actuales del sistema penitenciario.
- Cumplimiento de sentencias judiciales y pago de beneficios sociales: Reclaman el pago puntual de compensaciones por tiempo de servicio (CTS), vacaciones truncas y otros derechos adquiridos. Yancari denunció que hay trabajadores con hasta treinta años de servicio que deben esperar hasta seis años de litigio para recibir estos pagos. “Hay personal retirado o que ha migrado de régimen laboral al que aún no le pagan lo que le corresponde por ley”, indicó.
