En Moquegua, el río Titire luce un tono amarillento que preocupa a las comunidades locales y a las autoridades ambientales. La alteración del color del agua no es un fenómeno aislado: se ha extendido hacia el río Coralaque y, posteriormente, al Tambo, con posibles impactos en los agricultores de Islay, en la vecina región Arequipa. Frente a esta situación, la Contraloría General de la República ha iniciado un servicio de control simultáneo al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) con el fin de determinar el origen y la magnitud de la posible contaminación.
El operativo, desarrollado en el marco de una intervención multisectorial, busca revisar las acciones del OEFA respecto al cumplimiento de las obligaciones ambientales de las empresas mineras que operan en la zona. La presencia de metales pesados es la principal hipótesis que explicaría la intensa coloración observada en el Titire, un afluente que atraviesa el centro poblado del mismo nombre, en el distrito de Carumas.
Durante la inspección, especialistas de la Contraloría y del OEFA Moquegua constataron el cambio de tonalidad en las aguas del río y recogieron información técnica para su evaluación. El subgerente de Control del Sector Agricultura y Ambiente de la Contraloría, Flabio García Esquivel, explicó que se realizan visitas de control al OEFA para verificar si las medidas administrativas impuestas a la empresa presuntamente involucrada se están cumpliendo. “Estamos corroborando el cumplimiento de las obligaciones ambientales y las medidas impuestas para evitar mayores impactos”, indicó el funcionario.
Verificación del control ambiental
El operativo incluyó la revisión de los equipos utilizados para medir la calidad del aire en la región. Los auditores inspeccionaron cuatro estaciones de monitoreo instaladas por el OEFA: tres en la provincia de Ilo —ubicadas en Pacocha, el Colegio Bolognesi y Pampa Inalámbrica— y una en el anexo de Alto Tala, en la provincia de Mariscal Nieto. Estas estaciones se encuentran en áreas de influencia directa de actividades industriales y mineras.
El subgerente de la Contraloría señaló que durante la verificación se encontraron equipos averiados y periodos sin registro de datos en el sistema de monitoreo. “Detectamos que en ciertos periodos no se registraron los valores de calidad del aire. Esta situación debe ser corregida por la entidad, ya que compromete la confiabilidad de la información”, afirmó. La observación fue considerada una alerta importante dentro del proceso de control, pues los registros son esenciales para evaluar los niveles de contaminación en zonas donde operan fundiciones y proyectos extractivos.
Como parte del mismo operativo, la Contraloría coordinó acciones con la Dirección Regional de Salud (DIRESA) y la Autoridad Local del Agua (ALA) para tomar muestras del recurso hídrico en distintos puntos de captación. Las pruebas se realizaron tanto en el río Moquegua como en los sistemas que abastecen a los pobladores de la zona, con el objetivo de determinar si el agua contiene metales pesados.
“Queremos determinar cuál es el origen de la contaminación del agua en la región”, expresó García Esquivel. Según explicó, los resultados de estas muestras permitirán establecer si las alteraciones observadas están relacionadas con actividades mineras ubicadas aguas arriba o con otras fuentes de impacto ambiental.
Inspección en la represa de Pasto Grande
La Contraloría también visitó la represa de Pasto Grande para constatar el funcionamiento de los sistemas de transmisión de información y monitoreo en tiempo real. Dichos equipos fueron transferidos al proyecto hidráulico por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con la finalidad de consolidar una sala automatizada de instrumentación. Sin embargo, durante la supervisión se detectó que estos sistemas permanecen inoperativos.
El informe preliminar indica que la falta de funcionamiento impide un seguimiento continuo de los niveles de agua y de la calidad del recurso, información clave para la gestión del proyecto y la prevención de riesgos ambientales. La Contraloría evaluará si esta situación constituye una deficiencia en la administración o en el mantenimiento de los equipos entregados.
Cabe recordar que el Gobierno Central prorrogó el estado de emergencia en distritos de las provincias de General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto mediante el Decreto Supremo N° 125-2025-PCM, emitido el 27 de octubre pasado. La medida se extendió por 60 días con el propósito de continuar la ejecución de acciones urgentes ante el peligro inminente por contaminación de fuentes hídricas.
