La congresista Ruth Luque Ibarra presentó un proyecto de ley orientado a fortalecer la protección de la niñez, la adolescencia y la juventud frente a situaciones de violencia, maltrato y explotación, en sintonía con la Política de Estado N°16 que prioriza el bienestar integral de estos grupos en situación de riesgo.
Según el documento, la iniciativa tiene como objetivo establecer mecanismos legales más claros y efectivos para garantizar “una vida digna para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en especial de aquellos que se encuentran en situación de riesgo, pobreza y exclusión”.
El texto destaca la necesidad de que el Estado peruano refuerce políticas públicas donde se prevengan “todas las formas de violencia familiar”, incluida la explotación y el maltrato contra menores, conforme a lo establecido en los lineamientos de la Política de Estado. Señala que para alcanzar este propósito resulta fundamental mejorar la articulación entre los distintos actores que intervienen en los sistemas nacionales, regionales y municipales de atención a la niñez.
El proyecto contempla prohibir las uniones de hecho con menores de dieciocho años y la creación de un marco legal para fortalecer la capacidad de respuesta de las Defensorías del Niño y Adolescente (DNA), tanto en las municipalidades como en el ámbito educativo, con el fin de garantizar atención expedita y especializada ante denuncias de violencia. Además, propone el fortalecimiento del ente rector del sistema de atención y de los servicios integrados para la denuncia, atención y sanción de los casos.
En el articulado del proyecto se enumeran diversas circunstancias en las que se vería reforzada la protección de los menores, como situaciones de arrendamiento, fraccionamiento de predios, tentativa de fuga, y delitos como lesiones leves, injurias, amenazas y usurpación. El texto también propone mecanismos específicos para la tutela inmediata y medidas de emergencia frente a casos detectados por las autoridades u organismos sociales, enfocándose en la prevención y la erradicación de situaciones de riesgo.
El documento legislativo incluye referencias a fuentes como Escobedo (20106) para fundamentar la propuesta y detalla que las intervenciones legales estarían orientadas tanto a la sanción de los delitos como a la reparación y atención integral de las víctimas. La iniciativa resalta la importancia de la denuncia oportuna y la existencia de canales efectivos para que los menores reciban protección y seguimiento.
La propuesta se alinea con los compromisos internacionales del Estado peruano en materia de derechos del niño, así como con la necesidad de fortalecer una red institucional sólida que sume la labor de las municipalidades, centros educativos, servicios sociales y autoridades judiciales. En palabras del documento, se busca “aportar a la erradicación de todas las formas de violencia y explotación” que afecten a menores de edad.
Entre sus disposiciones, el proyecto subraya que el Estado debe “dotar de recursos suficientes a las redes de Defensorías” y fomentar la articulación entre los diferentes entes responsables, asegurando la capacitación adecuada de los equipos que intervienen en la atención y acompañamiento a víctimas.
