El presidente de Perú, José Jerí, afirmó en la Cámara de Comercio de Lima que las zonas económicas privadas permitirán diversificar la matriz productiva, impulsar la industrialización y descentralizar el desarrollo económico del país desde las regiones. Durante su participación en el Foro Internacional de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), Jerí subrayó la relevancia del nuevo marco normativo destinado a posicionar al sector privado como protagonista en el diseño y la administración de estas áreas bajo supervisión estatal. “Se trata de una nueva etapa de colaboración público-privada orientada a dinamizar la economía nacional”, detalló.
El jefe de Estado sostuvo que Perú posee una alta potencialidad en sus regiones y sostuvo que la descentralización permitirá “sacar ese potencial” mediante un enfoque territorial. Explicó que las ZEEP funcionarán como plataformas para consolidar polos de desarrollo fuera de Lima, con impactos esperados en la generación de empleo, transferencia tecnológica e integración empresarial.
“El punto para un nuevo enfoque de desarrollo está sobre nuestras regiones”, manifestó Jerí. Insistió en la responsabilidad del Ejecutivo de facilitar las condiciones legales y económicas para activar estos proyectos. En ese sentido, remarcó el rol central del reciente marco legal, que habilita al sector privado a gestionar estos espacios dentro de un esquema regulatorio.
Durante su intervención, Jerí hizo un llamado tanto al cuerpo diplomático acreditado en el país como a la inversión privada internacional para participar en la iniciativa, destacando que Perú cuenta con un ecosistema normativo competitivo. El mandatario precisó que la única tarea pendiente para la implementación inicial de las ZEEP corresponde al Congreso de la República, que debe definir antes de que finalice la legislatura las ubicaciones prioritarias.
Al referirse a los desafíos actuales, Jerí admitió la existencia de problemas como la inseguridad ciudadana y señaló que el Gobierno trabaja en una estrategia integral que combine crecimiento económico con seguridad. “La tarea del Ejecutivo no es solo afrontar los problemas heredados, sino también dejar bases sólidas para el próximo Gobierno”, indicó, refiriéndose a su próxima solicitud de facultades legislativas al Congreso para complementar el marco normativo con una nueva Ley de Industrias.
El presidente concluyó exhortando al Parlamento a acelerar el proceso de definición de las primeras zonas económicas especiales privadas antes del cierre de la legislatura. “Es una invitación a que aceleremos antes de que acabe la legislatura”, cerró.
Acciones contra la inseguridad
El presidente interino de Perú, José Jerí, denunció que administraciones anteriores no usaron una base de datos crucial para combatir la criminalidad, recopilada durante diez años a partir de registros de llamadas efectuadas desde las cárceles del país. Jerí declaró en una conferencia de prensa en Huánuco que esta información estuvo disponible para el Estado gracias a concesiones de bloqueadores otorgadas hace una década, pero nunca se utilizó como herramienta en la lucha contra delitos como extorsión y sicariato. “Nos hemos quedado sorprendidos”, indicó, señalando que la omisión genera interrogantes sobre si hubo complicidad o falta de voluntad política para enfrentar el crimen organizado.
El mandatario sostuvo que su gobierno ha comenzado a emplear esa base de datos como parte de la estrategia anticrimen y adelantó que pronto se ofrecerán detalles adicionales sobre su uso. Criticó el desinterés previo y lamentó que no se hayan evitado homicidios pudiendo analizar la información recabada. Afirmó que la actual administración está tomando acciones concretas para abordar el problema y resaltó la necesidad de revisar el pasado para identificar a quienes decidieron no actuar.
Jerí también mencionó cifras positivas en seguridad tras decretar el estado de emergencia en Lima y Callao, aunque consideró estos avances insuficientes. Explicó que el estado de emergencia incluyó patrullajes conjuntos entre Policía y Fuerzas Armadas, así como restricciones temporales de ciertos derechos y controles más estrictos en prisiones. Además, reconoció intentos de motín instigados desde las cárceles como reacción a las recientes medidas gubernamentales enfocadas en desarticular el crimen articulado desde los penales.
