A menos de seis meses de las Elecciones Generales 2026, el sistema electoral peruano enfrenta una de sus mayores incertidumbres: no cuenta aún con el presupuesto necesario para ejecutar el proceso en su totalidad. Según advirtió el experto en temas electorales José Villalobos, el retraso en la asignación de recursos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) podría constituir un delito de obstrucción al proceso democrático.
“En todos los gobiernos se retrasa la entrega del presupuesto electoral, pero el presidente José Jerí debe recordar que, si impide la realización de las elecciones, puede ser acusado constitucionalmente. Una forma de impedirlas es justamente no asignar el presupuesto a tiempo”, señaló Villalobos en declaraciones a Canal N.
El especialista advirtió que no se trata de un simple trámite administrativo, sino de una obligación legal del Ejecutivo. “La ONPE y el JNE necesitan esos fondos para desplegar sus actividades. Ya debieron haberlo entregado; de lo contrario, se retrasa el cronograma electoral y se pone en riesgo el proceso”, añadió.
El déficit supera los S/553 millones
El presidente del JNE, Roberto Burneo, confirmó que el presupuesto inicial aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asciende a S/390 millones, pero las necesidades reales del sistema electoral superan los S/553 millones. Esta brecha financiera podría comprometer tareas logísticas y operativas clave, como la impresión de material electoral, la capacitación de miembros de mesa y el despliegue del personal a regiones alejadas.
“Nos han aprobado S/390 millones, pero identificamos que el monto necesario es mucho mayor. Si no logramos el financiamiento total, las elecciones podrían verse comprometidas”, advirtió Burneo.
El titular del JNE aseguró que se mantienen coordinaciones con el Congreso y el MEF, aunque reconoció que el tiempo corre en contra. “No podemos esperar al 30 de noviembre, cuando se apruebe el presupuesto general del próximo año. Las elecciones requieren una planificación anticipada”, remarcó.
“Si no se da el presupuesto, se está impidiendo el proceso electoral”
Villalobos recordó que impedir la realización de elecciones es una de las pocas causales constitucionales por las que se puede acusar a un presidente en funciones. “Si el Ejecutivo no entrega el presupuesto, estaría afectando directamente el derecho ciudadano a elegir y ser elegido. Eso es gravísimo”, explicó.
El experto insistió en que el gobierno de transición tiene una responsabilidad crucial. “No se trata de evaluar si se gasta mucho o poco; las elecciones ya están en curso. Hay que asignar los fondos porque cada día de demora afecta la organización”, dijo.
La importancia de garantizar confianza
El JNE reiteró que el cronograma electoral no puede modificarse, pues cualquier retraso afectaría la legitimidad del proceso y la confianza ciudadana. Las elecciones generales están programadas para el 12 de abril de 2026, fecha en la que los peruanos elegirán presidente, senadores y diputados bajo el nuevo sistema bicameral.
“Este gobierno de transición tiene la obligación de garantizar la continuidad democrática. No hacerlo pondría en riesgo la estabilidad institucional del país”, enfatizó Burneo.
Villalobos coincidió y llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante. “El voto del próximo año es uno de los más complejos que hemos tenido, con decenas de listas y candidatos. Por eso, más allá de los problemas presupuestales, es fundamental que la ciudadanía analice bien a quién elige”, concluyó.
