La reciente decisión del Gobierno de permitir que los serenos municipales utilicen pistolas eléctricas (Taser) y cámaras corporales ha generado posiciones divididas entre las autoridades locales. Aunque la norma busca reforzar la seguridad ciudadana, algunas alcaldesas de Lima expresaron su desacuerdo ante la falta de planificación y recursos que respalden su implementación.
Las titulares de Pueblo Libre, Mónica Tello, y de Surquillo, Cinthia Loayza, coincidieron en que la medida carece de un análisis técnico y presupuestal que garantice su aplicación responsable. Ambas autoridades señalaron que los gobiernos locales no cuentan con los fondos ni con el personal capacitado para asumir una función que, según indicaron, corresponde a la Policía Nacional.
Mónica Tello pide aplicar la medida de forma gradual
La alcaldesa de Pueblo Libre, Mónica Tello, expresó su apoyo a la intención del Ejecutivo, pero advirtió que su puesta en marcha debe realizarse de forma progresiva y con respaldo económico. En diálogo con Canal N, explicó que los municipios enfrentan un escenario complejo por la falta de recursos y preparación de los serenos.
“Estamos frente a delincuentes armados y nuestros serenos no tienen la formación ni los medios adecuados. Estamos asumiendo una labor que no nos corresponde directamente”, afirmó. Tello subrayó que los municipios no disponen de presupuesto adicional para adquirir los equipos exigidos por la norma y que dependen, en gran medida, de los aportes de los vecinos.
La autoridad edil añadió que las medidas simbólicas no bastan para reducir los delitos que afectan al país. “Seguiré izando la bandera porque soy peruana, pero eso no disminuye la delincuencia. A pesar del estado de emergencia, continúan las extorsiones, sicariatos y muertes”, manifestó.
Falta de presupuesto y desigualdad entre municipios
Tello insistió en que el Ejecutivo debe asignar recursos específicos si desea que todos los gobiernos locales puedan cumplir con las nuevas disposiciones. “La ley está bien, pero debe venir con presupuesto. Algunas comunas podrán adquirir los implementos, pero otras no. No todas cuentan con las mismas posibilidades”, enfatizó.
Asimismo, invocó al Congreso de la República a incluir una partida destinada a esta medida dentro de la Ley de Presupuesto que será debatida próximamente. De no hacerlo, alertó que solo un grupo reducido de municipios podrá cumplir con la norma, lo que generará desigualdades en la lucha contra la inseguridad.
Para Tello, el fortalecimiento del serenazgo es una meta compartida, pero su ejecución requiere criterios técnicos y planificación. “No se trata solo de aprobar leyes, sino de hacerlas viables”, señaló.
Cinthia Loayza advierte exceso reglamentario y vacíos legales
Por su parte, la alcaldesa de Surquillo, Cinthia Loayza, fue más crítica respecto al Decreto Supremo 015-2025-IN, que autoriza el uso de pistolas eléctricas y cámaras corporales. Sostuvo que el reglamento presenta deficiencias legales y presupuestales, además de vulnerar la autonomía municipal.
“Este decreto tiene varias falencias. Hay un exceso reglamentario, se viola la competencia de los municipios y no se ha realizado un análisis profundo del impacto regulatorio”, declaró a Canal N. Según explicó, el dispositivo no cuenta con un mecanismo del Ministerio de Economía y Finanzas que autorice partidas presupuestarias para adquirir los implementos señalados.
Loayza precisó que las municipalidades tienen programaciones multianuales ya definidas, lo que impide asumir nuevas obligaciones sin una modificación previa en su estructura financiera. También alertó sobre el riesgo de inconstitucionalidad, ya que el uso de la fuerza es una facultad exclusiva de la Policía Nacional.
Piden revisión técnica del decreto y mayor coordinación
La alcaldesa de Surquillo cuestionó que el reglamento derogue parcialmente el Decreto Supremo 009-2024-IN, lo que genera superposiciones y contradicciones en las normas sobre seguridad ciudadana. “El decreto crea duplicidades y vacíos. Debió realizarse un estudio más profundo antes de aprobarlo”, indicó.
A su vez, Loayza reconoció que la intención del Gobierno responde al aumento de la criminalidad, pero pidió una revisión integral del contenido del decreto. “No se puede exigir a los municipios responsabilidades adicionales sin recursos ni análisis técnico. Las decisiones en seguridad deben basarse en diagnósticos sólidos”, sostuvo.
Tanto Tello como Loayza coincidieron en que los municipios no se oponen a las medidas destinadas a fortalecer la seguridad ciudadana, pero remarcaron que estas deben implementarse con gradualidad, capacitación y respaldo financiero. Enfatizaron que los serenos cumplen un rol preventivo y no deben ser expuestos a situaciones de riesgo que excedan sus competencias.
